Redacción: Inés Arroyo
La Dana del 29 de octubre del 2024 dejó un saldo de 800,000 toneladas de residuos y barro en la Comunidad Valenciana, un volumen que supera tres veces la media anual de 180,000 toneladas. Este desastre natural ha impulsado un debate sobre la necesidad urgente de actualizar el sistema de gestión de desechos en la región, planteando la construcción de plantas incineradoras para sustituir los vertederos.
La Conselleria de Medio Ambiente ha propuesto la creación de tres incineradoras, una en cada provincia: Valencia, Alicante y Castellón. La medida busca cumplir con la normativa europea, que establece que, para 2035, solo el 10% de los residuos generados podrán ir a vertederos. Las plantas incineradoras no solo permitirán reducir el volumen de residuos, sino que también transformarán la basura en energía, abasteciendo a las industrias cercanas, que utilizarán esta energía en sus procesos productivos.
En los próximos cuatro o cinco años, se diseñarán los proyectos de estas instalaciones, con el objetivo de comenzar su construcción en 2030. La estrategia de la Conselleria es reducir en un 90% los residuos que se destinan a vertederos, convirtiendo la basura en energía a través de un proceso limpio y eficiente.
El plan no se limita a la construcción de incineradoras. También se destinarán 12 millones de euros en Alicante para la construcción de tres instalaciones de gestión de residuos voluminosos, donde se fomentará la reutilización y reciclaje. Este proyecto no solo busca mejorar la gestión de residuos, sino también generar empleo para personas en riesgo de exclusión social.
Además, se llevarán a cabo mejoras en las plantas de tratamiento de residuos existentes en la Comunidad Valenciana. Un ejemplo es la planta de El Campello, que ha logrado reducir el rechazo de materiales inorgánicos a menos del 40%, contribuyendo a una gestión más eficiente de los desechos.
Sin embargo, la provincia de Alicante enfrenta un desafío adicional. La construcción de una planta de tratamiento de residuos en la Vega Baja ha sido complicada debido a la falta de consenso entre los municipios para ubicarla. Esto ha retrasado la implementación de una infraestructura clave para la región.
El plan de la Conselleria de Medio Ambiente marca el inicio de un cambio en la gestión de residuos, buscando reducir la contaminación y cumplir con las normativas europeas. Aunque la transición hacia la incineración y el reciclaje es necesaria, aún existen desafíos que podrían dificultar su implementación en los plazos establecidos.
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