Redacción: Astrid Sánchez
La PROFEPA clausuró las obras del proyecto “Perfect Day México” de Royal Caribbean en Mahahual por falta de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Pese a la clausura y una suspensión judicial definitiva ganada por ambientalistas, la empresa mantiene su fecha de apertura desafiando la gobernanza ambiental.
El desarrollo turístico en el Caribe mexicano enfrenta nuevamente una prueba de fuego en materia de legalidad y respeto al entorno. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ejecutó una acción contundente al clausurar de forma temporal las obras de remoción de escombros asociadas al proyecto “Perfect Day” impulsado por la naviera Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo.
Esta intervención de la autoridad federal responde a una violación directa de la normativa ambiental vigente. Durante una inspección la dependencia detectó actividades en el predio sin contar con la autorización de impacto ambiental, documento indispensable que la empresa apenas ingresó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en diciembre pasado y que aún espera aprobación. Sin este permiso, cualquier modificación al ecosistema constituye una irregularidad administrativa grave.
Sin embargo, la clausura administrativa de PROFEPA es solo una parte del conflicto legal. A finales de enero, el Juzgado Sexto de Distrito en Quintana Roo concedió una suspensión definitiva para frenar cualquier cambio de uso de suelo en los terrenos adquiridos por la naviera. Este fallo judicial se derivó de un juicio de amparo promovido por la asociación civil “Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano” (DMAS), la cual argumentó ante tribunales que los trabajos conllevan riesgos irreversibles para el ecosistema costero y la biodiversidad local.
A pesar de este doble candado (administrativo y judicial) la postura pública de la empresa transnacional ha sido desafiante. Ari Adler Brotman, director de Royal Caribbean Group en México aseguró en declaraciones recientes que la compañía mantiene firme su intención de abrir el parque a finales de 2027. El directivo argumentó en su defensa que las obras suspendidas correspondían a la demolición de estructuras de un antiguo parque acuático y no al nuevo desarrollo como tal, afirmando que sus estándares de cumplimiento son “incluso superiores a los exigidos localmente”.
La empresa que proyecta una inversión superior a los mil millones de dólares para este complejo ha declarado que confía en el sistema legal mexicano para resolver el proceso favorablemente y continuar con la construcción. No obstante, para los grupos ambientalistas, la insistencia en continuar con el calendario previsto, minimizando el peso de la suspensión definitiva, representa un reto directo a la gobernanza ambiental del país. La resolución de este caso determinará si la promesa de desarrollo económico puede coexistir con el estricto apego a la ley en una de las zonas más biodiversas de México.
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