Javier Escárcega
La posible construcción del gasoducto Sierra Madre, parte del megaproyecto Saguaro Energía, ha desatado preocupación, divisiones internas y resistencia en Mata Ortiz, una comunidad conocida mundialmente por su tradición ceramista impulsada por el maestro Juan Quezada.
En Mata Ortiz, lugar donde la cerámica adquirió prestigio internacional gracias al legado de Juan Quezada, artistas como Laura Bulgarini y su familia viven con inquietud la falta de información sobre el gasoducto Sierra Madre. Aunque una empresa se presentó en asamblea ejidal hace dos años, los habitantes aseguran que los datos fueron escasos y que persisten dudas fundamentales sobre los riesgos y consecuencias del proyecto. La comunidad, cuya identidad gira en torno a la tradición alfarera, teme que el megaproyecto modifique su entorno y su forma de vida.
El gasoducto Sierra Madre, parte esencial del megaproyecto Saguaro Energía, recorrería 800 kilómetros desde la frontera con Estados Unidos hasta enlazar con una planta de licuefacción en Puerto Libertad, Sonora. Este ducto transportaría metano proveniente de gas shale extraído mediante fracking en Texas, un proceso altamente cuestionado por sus efectos climáticos y ambientales. Su ruta atravesaría seis municipios de Chihuahua y diez de Sonora, y su operación dependería de estaciones de compresión que generan emisiones, fugas y flaring, procesos considerados particularmente contaminantes.
La magnitud del proyecto no solo se refleja en su infraestructura, sino también en la serie de impactos señalados por su propia Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que reconoce catorce afectaciones negativas y únicamente un beneficio temporal: la creación de empleos durante la construcción. Entre los daños previstos se encuentran alteraciones al aire, suelo, hidrología, fauna y flora, además del posible impacto en áreas naturales protegidas, incluida la Reserva de la Biosfera Janos, hogar de especies clave como los bisontes y los perritos de la pradera.
A pesar de sus dimensiones, Saguaro Energía enfrenta obstáculos para concretarse: oposiciones sociales, al menos diez amparos, más de 300 mil firmas recolectadas en contra y protestas organizadas por colectivos ambientales. A esto se suma la falta de autorización de la Semarnat y la participación de empresas como Bonatti, señaladas en México por conflictos socioambientales y persecuciones documentadas, incluidas las relacionadas con el Proyecto Integral Morelos y el asesinato de defensores como Samir Flores. La historia corporativa detrás del megaproyecto genera aún más desconfianza entre las comunidades afectadas.
En Mata Ortiz, el gasoducto ha provocado fracturas internas en el ejido. Mientras algunos habitantes consideran posible recibir beneficios, otros temen pérdidas irreparables para el territorio y el modo de vida local. Héctor Gallegos, prestigioso alfarero y esposo de Laura Bulgarini, recuerda cómo la economía del pueblo resurgió gracias al arte cerámico y duda que las promesas de empleo justifican los riesgos. Su preocupación, compartida por gran parte de la comunidad, se resume en una pregunta que sigue sin respuesta clara: ¿qué afectaciones reales traerá un proyecto que podría convertir la región en una nueva zona de sacrificio?
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