La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México ha respondido a las acusaciones realizadas por diversas organizaciones de la sociedad civil y expertos respecto a presuntas irregularidades en los permisos para la construcción del Tren Maya. En un comunicado emitido recientemente, la Semarnat rechazó las afirmaciones de las organizaciones y aseguró estar dispuesta a verificar la información proporcionada por estas.
Una de las organizaciones que ha planteado inquietudes es CartoCrítica, que junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) y otros grupos, ha desarrollado una herramienta cartográfica. Según la Semarnat, esta herramienta presenta datos y cifras que difieren de la información oficial en relación con las hectáreas susceptibles de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) debido al proyecto del Tren Maya.
Mientras que el estudio de CartoCrítica señala que hay un total de 6.659 hectáreas susceptibles de CUSTF, la Semarnat sostiene que las autorizaciones definitivas y provisionales registradas ante la entidad ascienden a 3.167,29 hectáreas. La dependencia también señala que la herramienta cartográfica incluye “bancos materiales” que son propiedad privada, lo que podría generar confusiones.
La Semarnat destaca que las organizaciones mencionan que solo 889,9 hectáreas cuentan con autorización CUSTF, un dato que consideran “inexacto”. Según la información oficial, todas las hectáreas identificadas (3.167,29) tienen autorización definitiva o provisional.
Incluso si solo se consideran las hectáreas con autorización definitiva, la Semarnat indica que la cifra sería de 1.727,7 hectáreas.
En respuesta a las preocupaciones planteadas, la Secretaría de Medio Ambiente de México ha manifestado su disposición y apertura para cotejar y corroborar la información proporcionada por las organizaciones. Se espera que esta revisión detallada aclare la situación y proporcione una visión más clara sobre las hectáreas afectadas por el proyecto del Tren Maya.
El Tren Maya ha sido uno de los proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar el desarrollo en el sureste mexicano. A pesar de las críticas y cuestionamientos, la Semarnat insiste en que se han seguido los procedimientos y que todas las autorizaciones han sido concedidas en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. El debate sobre el impacto ambiental del proyecto continúa mientras se espera la revisión y verificación de los datos presentados por las organizaciones.
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