Redacción: José Sahagún
El primer año de gestión de Claudia Sheinbaum deja una mezcla de expectativas cumplidas y señales preocupantes en materia ambiental. Su formación como científica y su trayectoria previo a la presidencia generaron esperanzas de una gestión comprometida con el cambio climático y la protección de ecosistemas. Sin embargo, la realidad muestra que muchas decisiones han sido contradictorias con esos ideales.
Desde el inicio, el nombramiento de Alicia Bárcena al frente de la Secretaría de Medio Ambiente fue recibido con optimismo. Bárcena, con experiencia internacional en causas ambientales, parecía una apuesta sólida para impulsar políticas serias. En discursos y en el informe de gobierno, la propuesta de alcanzar una generación del 35 % con energías renovables para 2030 fue presentada como eje central de su estrategia de transición energética.
Pero sobre el terreno, las acciones muestran un panorama distinto. Mientras se habla de energías limpias, el gobierno sigue invirtiendo en proyectos de gas (fósil), estratégicamente denominados “gas natural”, que contradicen la lógica de una transición justa hacia renovables. El uso de gas fósil, con metano incluido, profundiza la huella de emisiones, ya que este gas es mucho más potente en efecto invernadero que el CO₂.
Un caso emblemático de contradicción es la Selva Maya. Si bien se reconocen los impactos del Tren Maya sobre ese ecosistema, el gobierno no ha detenido nuevos proyectos ferroviarios que implican deforestación, como la construcción de una terminal de carga en Cancún que afectará cientos de hectáreas. Esa dualidad entre discurso y obra, alimenta críticas de ambientalistas que apuntan a una política de infraestructura prioritaria sobre la conservación.
En materia de residuos, no hay avances contundentes. La Ley Antiplásticos sigue en espera, y los programas actuales se centran más en mecanismos de gestión que en la reducción desde el origen. El modelo de economía circular que se promueve suena bien en papel, pero muchas de las instalaciones propuestas contemplan incineración, pirólisis o valorización energética, técnicas que no necesariamente disminuyen el volumen de residuos ni son adecuadas para comunidades vulnerables.
El presupuesto 2026 es una pieza clave para interpretar la real prioridad ambiental. El Anexo 16 muestra que la asignación para restauración, adaptación climática y protección de ecosistemas queda muy lejos de lo que se invierte en megaproyectos como trenes de carga o infraestructura ferroviaria. En cifras, los proyectos de infraestructura y militarización recibirán 17 veces más recursos que la protección de ecosistemas en conjunto.
Esto plantea una pregunta difícil: ¿puede llamarse “gestión ambiental” si el presupuesto y las decisiones reales favorecen el desarrollo sobre la conservación? La administración Sheinbaum enfrenta ahora el desafío de alinear discurso y acción, para no perder credibilidad ante una sociedad que exige resultados tangibles frente a crisis climática y pérdida de biodiversidad.
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