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Simeprode condena reformas en Ley de Residuos de Nuevo León, alerta sobre privatización y riesgos ambientales 

Redacción Laura**

El Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode) expresó su profundo rechazo a las recientes reformas aprobadas por el Congreso de Nuevo León en la Ley de Gestión de Residuos. Estas reformas, según el organismo, significan un retroceso de tres décadas en materia de protección al medio ambiente en el estado. 

Mediante un comunicado oficial, Simeprode calificó las modificaciones como un «salto hacia atrás», afectando la salud pública y el medio ambiente de Nuevo León. La principal preocupación radica en que las reformas favorecen la privatización del servicio de confinamiento de basura, lo cual no solo lleva a tarifas más elevadas para los ciudadanos, sino que omite prácticas esenciales como el aprovechamiento del biogás. 

A diferencia de las empresas privadas, Simeprode es una entidad pública que no genera costos adicionales para los ciudadanos. «Reciclamos los residuos y generamos biogás que propulsa al Metro y alumbra el centro de Monterrey, resultando en significativos ahorros para la comunidad», destacó el comunicado. 

Además, la entidad advierte que detrás de estas reformas se esconde una intención de desmantelar Simeprode, con consecuencias no solo ambientales y financieras, sino también afectando directamente a los más de 250 trabajadores de la planta clasificadora y su economía familiar. 

En medio de este escenario, trabajadores del organismo se manifestaron en contra de las reformas, declarando un retroceso de 30 años y amenazando con depositar desechos en las residencias de los diputados. A pesar de las protestas, el Congreso local ratificó la Ley de Residuos, que favorece la privatización del servicio de recolección de basura en Monterrey, excluyendo a Simeprode como autoridad recolectora en los municipios. 

El comunicado concluye reiterando el compromiso de Simeprode con la sociedad neolonesa, invitando a la población a alzar la voz contra la privatización y a detener estas reformas que, lejos de beneficiar a la comunidad, solo enriquecen a intereses privados. 

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