Miguel Tirado Rasso
Ahora, por primera vez en la historia
de las reformas electorales, el gobierno
propone una reforma, sin que constituya
una respuesta a las demandas o propuestas
de la oposición.
Como parte final o casi, del Plan C del obradorato, concebido para desaparecer organismos autónomos y demoler al Poder Judicial, incluida la SCJN, instituciones que resultaban incómodas al estado de confort de la 4T, Morena pone en jaque, ahora, a la democracia de nuestro país, ante la amenaza de una no muy bien intencionada Reforma Electoral. Quedaron eliminados los órganos autónomos e independientes que ejercían funciones específicas con autonomía constitucional, concebidos, precisamente, como contrapeso del poder político. Asimismo, se desmanteló al Poder Judicial, para sustituirlo con jueces, magistrados y ministros, elegidos por voto popular, ayudado, éste, por acordeones para “orientar” a los electores a emitir un voto dirigido y definido.
Ahora, por primera vez en la historia de las reformas electorales, el gobierno propone una reforma, sin que constituya una respuesta a las demandas o propuestas de la oposición. La constante fue que, ante la presión de los partidos de oposición, que reclamaban apertura y oportunidades de participación política, en un sistema en que, el partido en el gobierno, ocupaba todos o casi, los espacios en los congresos Federal y estatales y encabezaba la mayor parte de las gubernaturas del país, el gobierno se abriera al diálogo y al debate para escuchar las propuestas de la oposición.
Así fue evolucionando el sistema electoral y nuestro sistema democrático se fue fortaleciendo. De acuerdo con el Dr. Juan Carlos Ugalde, ex Presidente del INE, el reformismo electoral en nuestro país buscó el pluralismo como meta principal, “además de otros objetivos que han ido cambiando con el tiempo: inclusión (notoriamente en las reformas de 1997, 1986 y 1990), certeza y transparencia (1990, 1993 y 1994), equidad (1993, 1996 y 2007), imparcialidad de la autoridad (1994 y1996) y legalidad (1986 y 1996).” Se trataba de “romper el monopolio político y retórico del Estado posrevolucionario,“ dice el autor citado.
Algo que no parece coincidir con el propósito de la reforma que pretende llevar a cabo el gobierno de la 4T, porque la entidad que va liderear y operar los trabajos depende del Ejecutivo y por ahí se dice que ningún gobierno hace una reforma para perder el poder. Ya en la denominación, va el mensaje: Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Y, para que no haya la menor duda, en el decreto de su creación se señala que, “la Comisión dependerá directamente de la persona Titular del Ejecutivo Federal, quien la presidirá…”(Art 3)
No resulta muy recomendable que sea el propio gobierno quien defina, proponga, debata y resuelva cómo deberá quedar la iniciativa de reforma que se enviará para aprobación del Congreso en el que el gobierno tiene las mayorías para su aprobación. Esto, en los hechos no regresa 40 años atrás, por lo menos.
Los seis miembros de la Comisión son funcionarios del gabinete presidencial y de la Oficina de la Presidencia. Así que en este concierto no hay quien vaya a desafinar y, como se ha sentenciado, los participantes externos que vayan a ser invitados, tendrán voz, pero no voto. Además de que existen ciertos odios hacia los ex presidentes del INE, por lo que seguramente no serán bienvenidos. Así que, lo que se discuta en los foros que se dice van a organizar, se repetirá el fenómeno del proceso de la Reforma Judicial. Se escucharon las voces de los expertos, de la academia, de las organizaciones empresariales, de los colegios de abogados, etc. pero ninguna sugerencia, opinión o propuesta fue aceptada ni adoptada.
El presidente de la Comisión, Pablo Gómez, ha dado varias entrevistas y en todas queda muy clara su intención de borrar todo lo que existe y dar paso a una reforma innovadora, cuando las circunstancias en las que vive esta reforma son muy parecidas a las de hace 50 años en las que el PRI era un partido hegemónico. Ahora Morena, gobierna en 23 estados, controla las dos cámaras del Congreso de la Unión y, no pueden ocultarlo, han cooptado a las autoridades electorales, que no se atreven a contradecir los deseos de Palacio Nacional.
Elaborar una reforma electoral desde el poder tiene sus dificultades, porque, según se lee en los considerandos del decreto “…no se trata de estabilidad política. Antes la hubo, pero no había voto libre y abundaba la represión y la corrupción…” Habría que precisar si, esto último, se refiere a los gobiernos anteriores a la 4T o aplica ya a los gobiernos de Morena.
Poque habría que preguntar, ¿en las alternancias no se contaron los votos? Entonces, cómo es que, en este milenio, con las autoridades electorales del INE, y todas las deficiencias que denuncia Pablo Gómez, Morena llegó al poder, de manera pacífica. O se trata de ver cómo perpetuarse “legalmente” en el poder.
Agosto 21 de 2025
