La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Anilú Ingram, ha presentado una iniciativa de reforma de ley que busca fortalecer la regulación ambiental y mitigar los efectos del cambio climático en Veracruz. Esta propuesta tiene como objetivo principal reformar la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, incluyendo a los ayuntamientos entre las autoridades competentes en la materia. Con esta reforma, se pretende ampliar el alcance de las políticas ambientales y fomentar una mayor participación de las autoridades locales en la promoción de prácticas sostenibles.
La iniciativa plantea la obligatoriedad de otorgar estímulos fiscales a aquellos particulares y empresas que realicen acciones de mitigación a favor del medio ambiente en sus predios. Entre las acciones consideradas están la siembra de árboles y la reforestación, así como cualquier otra medida que demuestre una responsabilidad social en torno al lugar en donde las empresas están establecidas. La propuesta busca incentivar la participación ciudadana y empresarial en actividades que contribuyan a la mejora del entorno natural.
Ingram explicó que la propuesta incluye diversas formas de acciones verdes que podrían ser elegibles para los estímulos fiscales. Una de las principales acciones es la siembra de árboles, una práctica que no solo ayuda a combatir la deforestación, sino que también contribuye a la absorción de dióxido de carbono y mejora la calidad del aire. Además, se busca promover la reforestación en áreas degradadas, lo que ayudaría a restaurar ecosistemas dañados y a proteger la biodiversidad local.
Las autoridades municipales tendrían la facultad de autorizar estos incentivos fiscales a través de acuerdos de Cabildo, siempre y cuando se constate que las compañías están realizando «acciones verdes». Según Ingram, este tipo de medidas ya se implementan en otras partes del país y del mundo, y no deberían causar déficit presupuestario en los ayuntamientos si se estudian y programan adecuadamente. La implementación local permitirá que las comunidades se beneficien directamente de las prácticas sostenibles adoptadas por las empresas y los ciudadanos.
La propuesta también menciona que los ayuntamientos podrían establecer criterios específicos para determinar qué acciones verdes son elegibles para los incentivos fiscales. Estos criterios asegurarían que solo se otorguen beneficios fiscales a aquellas iniciativas que realmente tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Además, se sugiere que los ayuntamientos trabajen en conjunto con expertos en medio ambiente para desarrollar programas efectivos y basados en la ciencia.
Otro punto clave de la propuesta es la creación de un Consejo Estatal para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático. Este consejo estaría integrado por todos los ayuntamientos y trabajaría en coordinación con el gobierno estatal. El objetivo del consejo sería supervisar y coordinar las acciones de mitigación y adaptación en todo el estado, asegurando una respuesta unificada y eficiente a los desafíos del cambio climático.
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