Redacción: Guicel Garrido
Representantes del pueblo waorani y organizaciones ambientalistas se movilizaron en Quito para exigir el fin de la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, una de las áreas más biodiversas del planeta. Esta acción se produce dos años después de que el 59% de los ecuatorianos votarán en un plebiscito para que el crudo se quedara bajo tierra, un mandato popular que, según los activistas, aún no se ha cumplido por completo. Los manifestantes, liderados por Juan Bay de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), presentaron un pliego de peticiones ante la Corte Constitucional para acelerar el desmantelamiento de los pozos.
El plebiscito de 2023 establecía que los 240 pozos del campo petrolero ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) debían cerrar en un año. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano ha extendido el plazo a cinco años, argumentando que el proceso es más complejo. Mientras que el cronograma oficial de 2025 prevé el cierre de 48 pozos, los activistas denuncian que solo se han clausurado 10, un incumplimiento que pone en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario como los Tagaeri y Taromenane, que habitan en la zona. La comunidad internacional también ha alzado su voz; la organización Human Rights Watch (HRW) ha instado al gobierno a detener la producción de inmediato, señalando que la continuidad de la extracción ignora el mandato ciudadano y afecta directamente los derechos de los pueblos indígenas.
La tensión entre la protección ambiental y los intereses económicos es evidente. El Yasuní ha sido una fuente de ingresos significativa para Ecuador, generando un estimado de 1.200 millones de dólares anuales con una producción de 57.000 barriles de crudo diarios. A pesar de que la producción ha disminuido en el primer semestre de 2025, el impacto ambiental persiste. La estatal Petroecuador no ha emitido declaraciones oficiales sobre los avances en el desmantelamiento de los pozos, lo que ha aumentado la frustración y la desconfianza entre los activistas y las comunidades indígenas.
La situación del Yasuní pone en evidencia una lucha crucial entre la voluntad popular, las necesidades económicas del país y los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Los manifestantes y las organizaciones de derechos humanos no solo exigen el cumplimiento del plebiscito, sino que también hacen un llamado a fortalecer la gobernanza ambiental y a garantizar una transición energética justa y respetuosa con los derechos de las comunidades que habitan en la región. El caso del Yasuní se ha convertido en un símbolo de la necesidad urgente de coherencia política y ambiental en Ecuador.
