Redacción Frida Mendez
La Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) reporta el posible efecto de cinco proyectos de vía en la Amazonía de Perú, en particular en las zonas de Loreto y Ucayali. El informe señala que, a pesar de que estos proyectos de infraestructura podrían potenciar la conectividad y la disponibilidad de servicios en zonas rurales, también podrían consolidar las economías ilegales, tales como el tráfico de drogas y la minería ilícita, en estas zonas.
La investigación indica que la edificación de estas vías proporcionaría resistencia logística a los grupos delictivos, o sea, posibilitaría que los traficantes de drogas y la minería ilegal funcionen de forma más eficaz, ajustándose de manera más efectiva a las acciones del Estado. Las nuevas infraestructuras permitirían el tráfico de materiales y bienes ilícitos, lo que dificultaría los intentos de las autoridades para controlar estos.
Respecto a la minería ilícita, un 45% del oro exportado en Perú podría derivarse de actividades no legales o informales. También, las nuevas rutas de transporte facilitarían tanto la producción de oro en la región de Ucayali como el tráfico de cocaína, relacionando el área con naciones vecinas como Brasil y Colombia, y estableciendo las redes delictivas en la Amazonía.
El efecto ecológico que causaría la ampliación de vías, dado que la construcción de caminos en la Amazonía suele ocasionar deforestación y ocupación descontrolada del territorio, lo cual perjudica la biodiversidad y el balance ecológico. Además, alerta que las vías no oficiales o ilegales empleadas por el tráfico de drogas y la tala ilegal podrían ser oficializadas y formar parte del Sistema Nacional de Carreteras, facilitando aún más el acceso a áreas vulnerables.
Es por eso por lo que, realizan un llamado a un planeamiento territorial integrado, insinuando que la construcción de estas carreteras debe ser meticulosamente diseñada para prevenir su explotación con propósitos ilegales. Sugiere que el progreso de las carreteras debe estar en sintonía con los intereses de las comunidades locales e implicar acciones que traten temas ambientales, de seguridad y económicos. El informe finaliza con una apremiante petición al Gobierno de Perú para paralizar o rediseñar estos proyectos de infraestructura hasta que se asegure que no serán empleados por grupos delictivos, promoviendo una cooperación más amplia entre las entidades gubernamentales para garantizar un desarrollo seguro y sostenible.
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