Un grupo de 17 naciones en desarrollo, incluidos Brasil, México, Colombia e Indonesia, ha solicitado a la Unión Europea (UE) reconsiderar su reciente ley contra la deforestación. Según estos países, la normativa, que prohíbe la importación de productos procedentes de áreas deforestadas, es “punitiva y discriminatoria”.
La ley, que se puso en marcha el pasado 29 de junio, impide la entrada en la UE de siete productos clave, incluido el aceite de palma, cacao, café, ganado, madera, soja y sus derivados, si provienen de zonas deforestadas ilegalmente después del 31 de diciembre de 2020. Los países afectados argumentan que esta regulación no sólo ignora las circunstancias locales y los esfuerzos nacionales contra la deforestación, sino que también puede excluir a pequeños productores de las cadenas de valor internacionales debido a la dificultad de cumplir con los estrictos requisitos de la UE.
Entre los signatarios de la carta se encuentran también Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Costa de Marfil, Ghana, Malasia, Nigeria y Tailandia. Estos gobiernos instan a la UE a abrir un diálogo constructivo y a considerar las prácticas sostenibles ya implementadas en sus respectivas naciones.
Los países se dirigen específicamente a las principales figuras de la UE, incluidos los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del Consejo Europeo, Charles Michel, y del Europarlamento, Roberta Metsola. Buscan que, durante el proceso de desarrollo de las directrices de la ley, se pueda “corregir la legislación o al menos tratar de mitigar sus impactos más perjudiciales”.
Además, estos 17 países han resaltado que la ley antideforestación de la UE podría no tener un impacto positivo real en las tasas de deforestación y podría conducir a efectos no deseados, como el aumento de la pobreza o retrasos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha expresado su creciente impaciencia con la UE, especialmente después de las demandas medioambientales añadidas al acuerdo comercial Mercosur-UE. Lula sugiere que los líderes se reúnan en los próximos meses para tomar una decisión definitiva sobre el acuerdo.
Con esta movilización, Brasil, que alberga el 60% del Amazonas, busca liderar las naciones del sur global en temas medioambientales y reafirmar su compromiso con la protección de la selva amazónica. La Amazonia, reconocida por su papel vital en la regulación de la temperatura global y en la mitigación del cambio climático, es compartida entre nueve países, siendo Brasil el poseedor mayoritario.
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