El Congreso de la Unión iniciará este febrero un nuevo periodo de sesiones, marcando un momento decisivo para el futuro de la reforma laboral que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La iniciativa, presentada por primera vez en octubre de 2022, plantea una modificación al Artículo 123 de la Constitución Mexicana, incluyendo dos días de descanso obligatorio con goce de sueldo. Sin embargo, a pesar de los avances en las comisiones legislativas, lo cierto es que el tema sigue enfrentando retrasos y una notoria falta de compromiso para llevarlo al pleno.
Es, sin duda, una propuesta atrapada en el tiempo. Desde su aprobación por la Comisión de Puntos Constitucionales en abril de 2023, la reforma ha permanecido en una especie de limbo legislativo. Los argumentos oficiales para los aplazamientos han sido la necesidad de realizar “análisis detallados” sobre sus implicaciones económicas y sociales, dejando entrever un temor subyacente a los costos políticos y económicos de avanzar en un cambio de esta magnitud.
Y mire estimado lector para ponerlo en perspectiva, países como Francia implementaron jornadas de 40 horas desde 1936 y posteriormente redujeron aún más este límite a 35 horas. Mientras tanto, México se mantiene rezagado con una de las jornadas laborales más extensas del mundo, reflejando no solo desigualdades estructurales en el mercado laboral, sino también una resistencia sistémica al cambio.
Pero que hay de los impactos potenciales y esas posiciones enfrentadas. Por lo pronto, la reforma en primera instancia busca establecer un equilibrio entre la productividad económica y la calidad de vida de los trabajadores, promoviendo un enfoque de trabajo “digno y socialmente útil”. No obstante, los sectores empresariales han expresado preocupaciones sobre los posibles efectos negativos en la competitividad y los costos laborales. En contraste, organizaciones sociales y sindicatos argumentan que una jornada laboral reducida puede aumentar la productividad, mejorar la salud mental y fortalecer el tejido social.
El Frente Nacional por las 40 Horas ha insistido en la urgencia de unificar propuestas y establecer mesas de diálogo inclusivas entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Sin embargo, aún persiste una falta de claridad sobre el calendario legislativo y las estrategias para superar los obstáculos.
La reducción de la jornada laboral representa una oportunidad histórica para que México adopte un modelo laboral más equitativo y competitivo en el contexto global. Sin embargo, el avance de esta reforma también pondrá a prueba la voluntad política de las autoridades y la capacidad de los actores sociales para construir un consenso real. Si el Congreso sigue postergando el debate, no solo estará retrasando una demanda histórica, sino también perpetuando las desigualdades que han definido al mercado laboral mexicano por décadas.
El 2025 podría marcar el inicio de una transformación o, por el contrario, ser recordado como otro capítulo más en la larga lista de oportunidades desaprovechadas. La decisión está ahora en manos del Congreso y, por ende, del país entero.
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