Redacción: Grecia Rodriguez
Juicio histórico en Rosario contra productores y funcionarios por contaminación con agroquímicos. Se detectaron 45 plaguicidas en suelos y agua de barrios urbanos. Más de 100 testigos declararán en este caso de justicia ambiental que va en contra de las fumigaciones ilegales cerca de escuelas y viviendas desde 2011.
El Tribunal Oral Federal N.°2 de Rosario inició un proceso judicial que marca un precedente fundamental en materia de justicia ambiental en Argentina. Siete productores agropecuarios y dos funcionarios municipales enfrentan cargos por contaminación mediante el uso de agroquímicos peligrosos en zonas urbanas, afectando gravemente el derecho a un ambiente sano de comunidades enteras.
Este caso surge por denuncias presentadas por vecinos y organizaciones ambientalistas después de 2014, quienes exigieron el reconocimiento de sus derechos vulnerados. Los barrios La Guardia, Luar Kayad y Villa Alicia se convirtieron en zonas de sacrificio ambiental, donde sus habitantes fueron expuestos durante años a sustancias tóxicas sin alguna protección. El fiscal federal Federico Reynares Solari, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico, presentó una acusación ante los jueces Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodríguez de Cruz. En la investigación, que fue dirigida por la Sede Fiscal de San Nicolás con apoyo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente, se documentan varias violaciones ambientales que fueron de 2011 hasta 2020.
Los peritajes revelaron la magnitud del daño ambiental: se detectaron 45 plaguicidas diferentes en el suelo, con nueve sustancias muy peligrosas, incluyendo glifosato, atrazina, clorpirifos y acetoclor. Esto es evidencia de que el modelo productivo sacrificó la salud y el equilibrio ecológico. Fernando Cortese, Víctor Tiribó, José Luis Grattone, Mario Reinero Roces, Cristian Taboada y los hermanos Carlos y Hugo Sabbatini enfrentan cargos por violación del artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, que son 10 años de prisión. Las acusaciones documentan fumigaciones realizadas en violación de la Ordenanza Municipal, que prohíbe aplicar agroquímicos a menos de 100 metros de zonas pobladas.
Grattone y Taboada fumigaron a metros de una escuela y el jardín de niños, exponiendo directamente a niños. Los hermanos Sabbatini estuvieron operando dentro de una zona de exclusión de 1095 metros establecida con precaución por un juez, sin demostrar alguna preocupación por la protección ambiental. Este juicio cuestiona la responsabilidad de Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, auditor y director de la Dirección de Ambiente Rural municipal; ellos están acusados por incumplir deberes como funcionarios públicos al permitir las fumigaciones sin algún control desde 2015.
Más de 100 testigos declararán en este proceso, incluyendo a vecinos afectados, peritos ambientales y personal municipal. Este juicio representa la lucha de comunidades por su derecho a un ambiente sano, exigiendo que la justicia ambiental deje de ser una propuesta incumplida.
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