Redacción: Litzury Gamboa
El 13 de marzo, Ecuador sufrió uno de los peores derrames de petróleo de las últimas décadas tras la ruptura de una tubería del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. El derrame afectó tres ríos, áreas protegidas de manglares, varias playas y llegó hasta el océano Pacífico, confirmó que más de 25.000 barriles de crudo se vertieron, lo que llevó al Gobierno a declarar emergencia ambiental.
La respuesta de Petroecuador incluyó la instalación de diques y barreras de contención para mitigar los efectos del derrame, pero organizaciones como Acción Ecológica critican la lentitud y falta de efectividad de estas medidas. El crudo contaminó fuentes de agua esenciales para más de 500.000 personas y obligó al cierre de varias playas en la costa de Esmeralda. Además, la ONG señaló que el petróleo tardó en llegar al río Viche, lo que indica que pudo haberse contenido antes de alcanzar el océano.
El derrame también afectó el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas, un área protegida clave para la biodiversidad y la protección costera. El Ministerio del Ambiente declaró la emergencia en esta zona y solicitó más barreras de contención para evitar que el daño se extienda a otras áreas protegidas. Sin embargo, Petroecuador argumenta que más barreras podrían afectar negativamente el ecosistema frágil de los manglares.
Este accidente petrolero se considera uno de los más graves en la historia reciente de Ecuador y supera incidentes pasados tanto en el país como en la región. Las consecuencias ambientales y sociales aún no se han cuantificado completamente, pero expertos advierten que el impacto podría prolongarse durante años. La situación recuerda la urgencia de implementar medidas preventivas y protocolos más efectivos para evitar futuras catástrofes similares.
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