La violencia, la incertidumbre…
La efeméride del 10 de mayo, Día de las Madres, se ha ennegrecido desde hace ya varios lustros debido a la inmensa cantidad de personas fallecidas.
La ola de calor continúa; se siguen batiendo récords de temperaturas máximas en distintas zonas del país. En San Luis Potosí y Tamaulipas se han registrado 50 o más grados Celsius, mientras que joyas ecológicas como los lagos de Pátzcuaro, Cuitzeo y Zirahuen, en Michoacán, agonizan junto con otras presas y embalses en todo el país que están al borde del límite de posibilidades de recuperación en el corto plazo, con todo lo que eso implica para los ecosistemas, que son no sólo parte, sino su base misma.
Por otro lado, la efeméride del 10 de mayo, fecha en que se celebra en México el Día de las Madres, se ha ennegrecido desde hace ya varios lustros debido a la inmensa cantidad de personas fallecidas, víctimas de las balas homicidas, pero también por la cifra, en la nueva metodología del gobierno federal, de más de 50 mil personas desaparecidas o no localizadas: y una suma relativamente similar de personas que se encuentran en las instalaciones de los Semefos, lo cual es, a la vez, síntoma y signo de la más profunda crisis forense que ha vivido México.
Por otro lado, entre las promesas incumplidas de esta administración, una de las más notorias graves es la construcción de un nuevo sistema nacional de salud, gratuito y de calidad. A la fecha, el desabasto de medicamentos continúa, el diferimiento de consultas, estudios clínicos y cirugías en todo el sector salud continúa, sin que haya en el horizonte signos claros de que en el corto o mediano plazo tendremos un sistema que funcione razonablemente bien y que permita transitar hacia una nueva era en los servicios de atención médica en México.
A pesar de la retórica oficial, la economía no crecerá más allá de 1.5 puntos porcentuales anuales a lo largo de la administración, y la creación de empleos dignos y bien remunerados será otro de los pendientes que habrá de heredar quien resulte elegida como nueva presidenta de la República, cuestión asociada a la urgencia de construir un nuevo sistema de seguridad social desvinculado de la situación laboral de las personas.
Los datos sobre criminalidad y violencia muestran un peligroso repunte desde noviembre del año pasado, cuando se detuvo la tendencia decreciente en el número de homicidios intencionales; y si la tendencia de los cuatro primeros meses de 2024 se mantiene a lo largo del año, lo que se tiene es un año que el previo, dejando comprometidos recursos y capacidades institucionales para atender la urgencia que representa la mortandad provocada por la cada vez más amenazante presencia del crimen organizado.
Preocupa, desde esa perspectiva, que haya nuevas regiones donde la delincuencia organizada está tomando control de cada vez más pueblos y territorios, pues se trata de espacios donde los conflictos son ancestrales y se entrecruzan con disputas territoriales, religiosas y culturales, que podrían generar una nueva oleada no solo de violencia, sino incluso una dinámica no conocida de formas de violencia que podrían llevarnos a nuevas crisis de largo plazo.
Todo esto es importante porque, más allá de la visión que puedan tener las candidatas punteras a la Presidencia de la República —también esto aplica para los gobiernos estatales, los que están en marcha y los que habrán de ser elegidos—, la realidad les impondrá severas restricciones para el ejercicio del gobierno. De esta forma, quien llegue habrá de enfrentar la anemia fiscal que prevalece en el Estado mexicano: los costos del pago de la deuda, que son crecientes, así como restricciones ecológicas y ambientales que imponen la urgencia de invertir prioritariamente donde no necesariamente, quizá, tenían pensado al inicio del gobierno.
Obviar la realidad y su complejidad es una de las apuestas más peligrosas que puede hacer quien gobierna. Y, por ello, el periodo de transición será fundamental porque lo urgente es sentar nuevas bases.
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