Redactor: Sam Torne
El estado de Quintana Roo ha tomado medidas contundentes para frenar la expansión descontrolada de desarrollos inmobiliarios que no cumplen con los requisitos ambientales. A partir de este mes, entra en vigor una reforma a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que prohíbe la inscripción de propiedades en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio si no cuentan con las autorizaciones necesarias de impacto ambiental. Este cambio tiene como objetivo detener la comercialización de proyectos que se desarrollen sin haber pasado por un proceso adecuado de evaluación ambiental, algo que en el pasado permitió que muchos desarrollos avanzaran sin regulaciones estrictas.
El núcleo de esta reforma es la obligación para notarios y funcionarios del registro público de negar su participación en cualquier transacción inmobiliaria que no pueda demostrar que cuenta con las aprobaciones ambientales necesarias. Esto incluye desarrollos como hoteles, fraccionamientos y hasta bancos de materiales. Hasta ahora, no existía una regulación efectiva que controlara este tipo de operaciones, lo que llevó a la proliferación de construcciones sin regulación en diversas zonas del estado, en especial en áreas turísticas sensibles como las zonas costeras y naturales protegidas.
Con esta nueva ley, se busca garantizar el derecho de los ciudadanos a un medio ambiente sano, al exigir que cualquier desarrollo cumpla con los estándares necesarios para proteger el ecosistema. Legisladores locales indicaron que esta reforma es crucial para frenar el daño ambiental que muchos de estos proyectos han causado en las últimas décadas.
Desafíos y limitaciones de la reforma
Si bien la nueva legislación aplica para proyectos dentro de la jurisdicción estatal, existen limitaciones cuando se trata de tramos costeros, que están bajo control de la federación. En estas áreas, aún hay irregularidades que las autoridades locales no pueden controlar completamente, lo que ha permitido que algunos proyectos sigan adelante sin los permisos necesarios, dañando hábitats sensibles como los manglares y arrecifes de coral.
Esta situación es preocupante dado el impacto que estos desarrollos han tenido sobre los ecosistemas de la región, desde la deforestación hasta la contaminación de cuerpos de agua. La esperanza es que, con estas nuevas medidas, las futuras construcciones en Quintana Roo no solo respeten el marco legal, sino que también promuevan un desarrollo más sostenible que equilibre el crecimiento económico con la preservación ambiental.
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