Redacción Frida Mendez
El gobierno de Perú llevó a cabo una iniciativa para modificar las regulaciones que resguardan algunas zonas naturales del país, con el objetivo de facilitar la extracción de hidrocarburos en dichas zonas. En particular, se sugiere modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para posibilitar la explotación de recursos, como la extracción de petróleo y gas, en áreas de uso «indirecto», como el Parque Nacional Bahuaja Sonene, que es una de las zonas más biodiversas de la Amazonía peruana.
El Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), una organización dedicada a salvaguardar el entorno natural y los derechos de las comunidades alertó acerca de los riesgos de esta propuesta. De acuerdo con su estudio, permitir la extracción de hidrocarburos en áreas naturales protegidas podría causar daños irreparables a los ecosistemas, cuerpos de agua, fauna, flora y, sobre todo, a los pueblos indígenas que residen en estos lugares. Adicionalmente, enfatiza que el gobierno de Perú no ha evidenciado tener la habilidad para asegurar que las compañías que operan en estas zonas respeten los estándares ambientales requeridos.
La propuesta también ha generado tensiones entre diferentes entidades del gobierno. Por una parte, Perupetro (la entidad gubernamental responsable de la industria del petróleo) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) buscan modificar la legislación para poder extraer recursos en áreas protegidas de uso indirecto, sosteniendo la importancia de utilizar estos recursos para el progreso nacional. Por otro lado, el Ministerio del Ambiente (Minam) se ha opuesto firmemente, explicando que este cambio amenazaría la conservación de la biodiversidad y perjudicaría los compromisos internacionales de Perú en materia de protección ambiental, como los acuerdos bajo el Convenio de Diversidad Biológica.
El Parque Nacional Bahuaja Sonene, ubicado en la zona amazónica, es uno de los lugares naturales de mayor relevancia en la nación. Este parque alberga una gran variedad de especies de flora y fauna, muchas de ellas en peligro de extinción. La extracción de recursos en esta área podría tener consecuencias desastrosas sobre su biodiversidad y los ecosistemas que alberga, afectando no solo a la naturaleza, sino también a las comunidades locales que dependen de ella.
Existen antecedentes de cambios previos en la legislación de áreas naturales protegidas, como la disminución del tamaño del Parque Nacional Cerros de Amotape en 2015 para desarrollar proyectos de irrigación, lo que evidencia la vulnerabilidad de estas áreas frente a presiones económicas.
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