Redacción: Guicel Garrido
Chiapas, Guatemala y El Salvador, tienen en común una enorme riqueza cultural heredada principalmente por las comunidades mayas. Sin embargo, también comparten la insaciabilidad de las compañías mineras que los despojan de su patrimonio y destruyen sus ecosistemas.
Desde 2023 hasta ahora, Chiapas ha conseguido la cancelación de 66 concesiones, sin embargo, el Frente Popular en Defensa del Soconusco, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), explicó que los 66 permisos fueron cancelados por incumplir los trámites de pago de impuestos, pero “podrían ser reactivadas si así lo desean cuando cumplan con los requisitos”.
En Guatemala, decenas de comunidades siguen en alerta para impedir el paso de empresas extranjeras que cuentan con más de 36 licencias para explotar recursos como el oro, níquel, plata, zinc, entre otros metales.
Francisco Rocael Mateo Morales, miembro de la coordinación general del Consejo del Pueblo Maya, comentó que en Guatemala existen más de 600 licencias para explotar minas, lo que repercute de manera grave en la calidad de vida de las comunidades y recursos:
“Nuestra principal lucha es por la vida porque consideramos que el extractivismo minero atenta contra la vida y no sólo de las personas. Desde nuestra cosmovisión, todo ser vivo tiene derecho; los ríos, las plantas y los animales, somos hermanos, nos platicamos y nos defendemos unos a otros. Si falta uno pone en riesgo la vida. Y la minería es un modelo insostenible, depredador y se ha comprobado. Es un despojo de los pueblos”.
El Salvador ha comenzado a protestar después de que la Asamblea Legislativa aprobará una nueva ley minera, el pasado 23 de diciembre, después de la revocación anterior en 2017. La iglesia católica, fue quien reinició la lucha para impedir que el presidente Nayib Bukele ponga en marcha dicha ley:
“No podemos mantenernos pasivos ante las secuelas dejadas por los estragos hasta ahora sufridos, como terremotos, erupciones volcánicas y prácticas mineras cuyas secuelas aún son padecidas por el pueblo en general y la naturaleza», afirmaron.
El activismo en contra de la minería ha puesto en peligro a sus manifestantes, quienes no bajan la guardia para mantener a salvo sus recursos y resistir las complicaciones que les impone su propio gobierno, incluso si esto implica ser criminalizados. “La criminalización ha sido una estrategia perversa del poder corporativo y del gobierno para desmontar y debilitar la lucha comunitaria”, expresó Mateo Morales.
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