Redacción Marlone Serrano
En las últimas dos décadas, México ha registrado pérdidas materiales por 596 mil millones de pesos a causa de desastres naturales, cifra que podría ser mucho mayor si se consideran los daños no documentados oficialmente. Así lo advirtieron especialistas durante el foro “Cambio Climático en México: Tendencias, riesgos y políticas”, en el que también denunciaron la opacidad del gasto público en esta materia y la escasa inversión para mitigar sus efectos.
Nashelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto Mora y coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Sociales y Ambientales de la UNAM, alertó que los criterios actuales para declarar un desastre son limitados y dejan fuera afectaciones prolongadas que golpean cotidianamente a comunidades vulnerables.
“Hay un montón de impactos que no son considerados oficialmente, pero que afectan de manera crónica a las comunidades”, señaló Ruiz Rivera, quien propuso un enfoque más preventivo que priorice la inversión en salud, educación, acceso a energía y cuidado social, por encima de la simple reposición de infraestructura dañada.
La especialista también criticó que las encuestas nacionales carecen de precisión para reflejar los efectos diferenciados por región, lo que obstaculiza el diseño de políticas públicas focalizadas. Además, recordó que un alto porcentaje de las viviendas en México presentan daños estructurales agravados por eventos climáticos: el 25% tiene más de 30 años de antigüedad y hasta un 45% sufre problemas de humedad, filtraciones o debilitamiento de muros y techos.
Por su parte, Enrique Provencio Durazo, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, advirtió sobre una preocupante paradoja: aunque el país ha tenido bajo crecimiento económico, las emisiones de carbono están aumentando. Entre 2022 y 2024, el incremento estimado en emisiones es de 2.6%, muy por encima del crecimiento de 1% registrado entre 2002 y 2019.
“El mal desempeño económico viene acompañado de un peor desempeño ambiental”, subrayó Provencio. A esto se suma una proyección de menor inversión pública en los próximos años, lo cual —dijo— reduce la capacidad del Estado para enfrentar la crisis climática. “No va a haber más recursos públicos para inversión. Esa es una muy mala noticia”, lamentó.
El académico también criticó la distorsión del presupuesto climático nacional, al señalar que muchos programas clasificados como “gasto climático” no están relacionados con acciones reales de mitigación o adaptación. Ejemplificó con los 50 mil millones de pesos asignados a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo uso no ha sido aclarado, y la reducción del presupuesto del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que hoy opera con menos de un tercio del presupuesto que tenía en 2010.
Finalmente, Francisco Estrada Porrúa, titular del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM, advirtió que México se está calentando a una velocidad alarmante. Desde la era preindustrial hasta 2024, la temperatura en el país ha subido 1.8 °C —frente al promedio global de 1.2 °C— y de mantenerse esta tendencia, se superará el umbral de los 2 grados Celsius en apenas cinco años.
Este aumento ya tiene impactos concretos. Estrada recordó que la caída en la producción de café en Veracruz, proyectada en 2006 para alcanzar el 24% hacia 2020, terminó duplicando esa cifra y llegó a un 48% de pérdida, como efecto directo del cambio climático.
Los especialistas coincidieron en la urgencia de construir un presupuesto climático robusto, transparente y orientado a la acción efectiva. Sin ello, advirtieron, el país seguirá enfrentando las consecuencias de una crisis climática cada vez más profunda, sin los recursos ni las herramientas para proteger a su población.
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