Redacción: Amairany Ramírez
Grandes proyectos de infraestructura ejecutados en el sureste de México durante el sexenio pasado han provocado daños ambientales significativos en una región de alto valor ecológico. Obras emblemáticas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Tulum y las recientes residencias militares en Bacalar, si bien buscan el desarrollo regional, han encendido alarmas entre autoridades, especialistas y organizaciones civiles debido a sus consecuencias.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha reconocido públicamente los efectos negativos, señalando la necesidad urgente de una restauración integral, incluyendo la reforestación en la península de Yucatán.
Según expertos, la falta de planeación adecuada es un factor clave detrás de estos impactos. La planeación, que idealmente debería durar cerca de dos años y representar un 5% del presupuesto de un proyecto, no ha tomado el papel protagónico necesario.
Un problema recurrente ha sido la ejecución de obras sin contar con la evaluación ambiental correspondiente. Por ejemplo, el Tren Maya inició su construcción sin la Manifestación de Impacto Ambiental. Esto fue posible debido a un decreto que permite que obras consideradas de “seguridad nacional” obtengan permisos exprés en solo cinco días, saltándose la documentación oficial requerida, incluyendo las evaluaciones de impacto. Organizaciones y especialistas señalan que esta ausencia de cumplimiento normativo es lamentable, especialmente viniendo del propio gobierno.
La falta de planeación también se reflejó en cambios constantes de rutas y decisiones improvisadas. En el caso del Tren Maya, modificaciones en varios tramos llevaron a afectaciones a cuevas subterráneas y ecosistemas inicialmente no considerados. Además, la figura de “obra de seguridad nacional” fue usada para proyectos con fines comerciales, como hoteles, cambiando el objeto inicial tras obtener permisos exprés.
Se proyecta que el crecimiento poblacional en el sureste para 2030 duplique la demanda de agua. La alteración del acuífero y su posible sobreexplotación podrían llevar a estrés hídrico y la necesidad de extraer agua salada del mar, lo que, según especialistas, crearía problemas de desfaunación y desertificación.
Además del impacto ambiental, las obras afectaron a comunidades aledañas. La construcción avanzó a menudo sin procesos de consulta adecuados ni estudios sociales profundos. Expertos señalan que la evaluación de impactos debe ser multidisciplinaria, incluyendo rigurosamente el análisis social para asegurar la aceptación y sostenibilidad a largo plazo de los proyectos.
