Redacción: Ximena Zarahi Moreno Luna
Una mirada académica sobre cómo la degradación ecológica y la inseguridad ambiental se consolida como un nuevo eje de riesgo para la seguridad y la defensa nacional.
La inseguridad ambiental ha dejado de ser una preocupación marginal para convertirse en un eje central del debate sobre la estabilidad de los Estados. En un contexto global marcado por crisis simultáneas de carácter económico, climático y social, la relación entre medioambiente, soberanía y seguridad nacional adquiere una relevancia estratégica inédita. Bajo esta premisa se inaugura una nueva sección de análisis académico impulsada por la colaboración entre profesores-investigadores de El Colegio de México y la Revista Campo Marte, con el objetivo de examinar cómo la escasez de recursos y la degradación ecológica pueden detonar conflictos y redefinir el concepto mismo de seguridad.
Desde una perspectiva tradicional, los riesgos ambientales rara vez eran considerados amenazas directas a la seguridad nacional. Sin embargo, esta visión ha cambiado de forma acelerada durante las últimas décadas. El concepto de seguridad se ha ampliado para incorporar factores no convencionales que impactan la estabilidad de los territorios, la gobernabilidad y la cohesión social. En este proceso, el Estado, el poder y la hegemonía se ven obligados a repensarse frente a escenarios donde el deterioro ambiental actúa como detonante de tensiones internas y transfronterizas.
La llamada “policrisis” (económica, ambiental y climática) ha reforzado la importancia de la soberanía en un mundo donde la globalización diluye fronteras físicas y normativas. Paradójicamente, el agravamiento de los problemas ambientales ha vuelto a colocar el control de los recursos naturales en el centro del debate político. Agua, energía, alimentos y biodiversidad se han transformado en activos estratégicos cuya escasez puede comprometer la seguridad de los Estados y generar disputas geopolíticas.
Estos cuestionamientos no son nuevos. Desde finales del siglo XX, informes clave como Our Common Future (1987), conocido como el Informe Brundtland, alertaron sobre los límites del crecimiento económico, el aumento acelerado de la población y la finitud de los recursos naturales. Dichos planteamientos impulsaron la consolidación de la negociación ambiental internacional dentro del sistema de Naciones Unidas, aunque en muchos casos con resultados más discursivos que vinculantes.
A partir de la Cumbre de Río de 1992, se firmaron tratados y acuerdos que reflejaron la diversidad de problemáticas ambientales emergentes. Posteriormente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) incorporó estas preocupaciones en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000–2015) y más tarde en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015–2030), identificando los desafíos económicos, sociales y ecológicos que debían superarse para preservar un modelo de desarrollo viable.
No obstante, el deterioro ambiental avanzó a mayor velocidad que los compromisos internacionales. El cambio climático se intensificó bajo un escenario de alta incertidumbre y, en la actualidad, la comunidad científica advierte que la humanidad ha rebasado siete de los nueve límites planetarios, poniendo en riesgo la estabilidad de los sistemas que sostienen la vida. Las Conferencias de las Partes (COP), incluida la COP 30 celebrada en Brasil en noviembre de 2025, han evidenciado la dificultad de alcanzar acuerdos efectivos para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar financiamiento suficiente para los países más vulnerables, en particular los Estados insulares.
En este contexto, la inseguridad ambiental se posiciona como un factor transversal que incide en la defensa nacional, la planificación estratégica y la prevención de conflictos. La escasez de recursos, la migración forzada por desastres climáticos y la presión sobre ecosistemas críticos configuran un nuevo mapa de riesgos que exige enfoques interdisciplinarios y políticas públicas integrales.
La colaboración entre la academia y espacios de divulgación especializados busca precisamente aportar herramientas analíticas para comprender estos fenómenos y anticipar escenarios de conflicto. Desde esta mirada, la seguridad ambiental no es solo una cuestión ecológica, sino un componente esencial de la estabilidad política, económica y social de los Estados en el siglo XXI.
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