En un periodo donde los efectos del cambio climático son cada vez más palpables, afectando la calidad de vida de la población, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha incrementado significativamente su inversión en protección ambiental. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre enero y mayo de este año, el gobierno destinó 9,746 millones de pesos a la protección ambiental, un aumento del 30.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento es el más alto observado en una década, superando incluso el crecimiento del 44.7% registrado en 2014.
A pesar del notable aumento, los niveles de inversión aún no alcanzan los observados en administraciones anteriores. Jorge Cano, investigador de la organización México Evalúa, indica que el incremento, aunque positivo, no es suficiente para igualar los niveles de años anteriores, como los casi 15,000 millones de pesos gastados en 2014. Cano destaca la necesidad de mejorar este gasto, especialmente después de los recortes presupuestarios en años pasados.
El gasto en protección ambiental incluye erogaciones para prevenir, medir, controlar, disminuir o resarcir la contaminación y cualquier tipo de degradación ambiental, así como promover, gestionar y proteger el medio ambiente. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) subraya que la inversión en la conservación y recuperación del medio ambiente es esencial para proteger el capital natural del país.
A pesar del aumento significativo, el gasto en protección ambiental sigue siendo una fracción pequeña del presupuesto total. Según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, la inversión en protección ambiental representará apenas el 0.19% de los más de 9.06 billones de pesos que se planean ejercer este año, equivalente al 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta proporción se ha mantenido constante durante los últimos cinco años.
Distribución del gasto y programas clave
César Rivera de Jesús, investigador en Transición Energética y Medio Ambiente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), destaca que el aumento en el gasto de protección ambiental se produce en un año marcado por recortes presupuestarios en este rubro. De los más de 17,000 millones de pesos aprobados para protección ambiental, el 74.8% corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), convirtiéndose en la parte más importante de este presupuesto.
El programa de Gestión Integral y Sustentable del Agua, a cargo de la Conagua, es uno de los más relevantes, con un 78% del presupuesto programado ejercido hasta el primer trimestre de 2024. Este programa tiene como objetivo mejorar la administración sustentable de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes. Sin embargo, el programa de la Semarnat no tiene proyectos asociados, lo que limita la implementación de nuevas infraestructuras y el mantenimiento necesario.
Necesidad de incrementar el gasto
Los expertos coinciden en que es crucial aumentar el gasto en protección ambiental, especialmente ante el creciente impacto del cambio climático en la población. Sin embargo, el estrecho espacio fiscal limita la capacidad de aumentar significativamente este y otros rubros del presupuesto.
Organizaciones civiles, organismos internacionales y expertos han abogado por una reforma fiscal progresiva que permita incrementar los ingresos públicos y disponer de más recursos para atender las necesidades de gasto y nuevas políticas públicas. No obstante, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de México, ha declarado que no implementará una reforma fiscal al inicio de su sexenio, lo que genera dudas sobre el alcance de los ingresos esperados para 2025 y la consolidación fiscal con un déficit que se espera reduzca del 5.9% al 3.0% del PIB.
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