En agosto de 2024, el gobierno regional de Áncash, Perú, declaró el agua de los ríos Santa y Tablachaca como «no apta para el consumo humano» tras detectar niveles alarmantes de contaminación. Estos ríos mostraron una coloración anaranjada, lo que alertó a la población y llevó a las autoridades a tomar muestras para analizar la presencia de metales pesados. Los resultados revelaron concentraciones elevadas de hierro, arsénico y manganeso, superando los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA).
La causa principal de la contaminación ha sido atribuida a la minería ilegal en la región. El ministro de Ambiente de Perú, Juan Carlos Castro, señaló que las aguas turbias provenían de la Bocamina 1464, ubicada en el distrito de Pampas, en Áncash. Según informes, estas bocaminas han estado inactivas desde 2015, pero se sospecha que han sido reactivadas ilegalmente por mineros informales.
El congresista Elías Varas solicitó la declaración de emergencia ambiental en la zona y exigió que la Fiscalía del Ambiente sancione a los responsables de este «atentado a la salud pública». Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras trabajan para controlar el flujo de las aguas contaminadas.
La contaminación de los ríos Santa y Tablachaca ha generado una crisis ambiental en la región de Áncash, afectando a miles de personas que dependen de estos recursos hídricos para su vida diaria. La presencia de metales pesados en el agua plantea graves riesgos para la salud pública, ya que el consumo de agua contaminada con hierro, arsénico y manganeso puede causar enfermedades graves, incluyendo cáncer y problemas neurológicos.
La comunidad local, preocupada por los efectos a largo plazo de esta contaminación, ha exigido una respuesta más contundente del gobierno para proteger su salud y el medio ambiente. Mientras tanto, las organizaciones ambientales y los activistas continúan presionando para que se tomen medidas más estrictas contra la minería ilegal en la región, considerada la principal fuente de contaminación.
El gobierno regional y las autoridades ambientales enfrentan ahora el desafío de restaurar la calidad del agua en estos ríos y garantizar que las actividades mineras, legales o ilegales, no continúen dañando el ecosistema ni poniendo en riesgo la salud de la población local.
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