El pasado 29 de agosto, el gobierno de Michoacán emitió un decreto que ha generado gran polémica al tratarse de la «certificación de las buenas prácticas ambientales», un intento por diferenciar a los productores de aguacate responsables de aquellos que han causado daño ambiental. Aunque la intención inicial era frenar la deforestación y la explotación de recursos naturales, el decreto ha sido percibido como una amnistía para quienes han cometido delitos ambientales, lo que ha provocado reacciones de distintos sectores.
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta Michoacán es el cambio de uso de suelo para la expansión de cultivos ilegales, particularmente de aguacate. En los últimos 30 años, más de la mitad de los bosques de la región han sido destruidos, con consecuencias devastadoras para los ecosistemas locales y los mantos acuíferos. Este decreto, que toma como referencia el año 2018 para considerar las áreas afectadas, deja sin castigo a aquellos que participaron en la deforestación antes de esa fecha, otorgándoles un «perdón» legal y la posibilidad de continuar exportando sus productos bajo la etiqueta de prácticas responsables.
Uno de los puntos más críticos del decreto es su carácter no obligatorio. Aunque se pretende que los productores de aguacate se certifiquen voluntariamente, no hay mecanismos coercitivos para asegurar que lo hagan. Además, el decreto contradice la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que establece un periodo de prescripción de 12 años para los delitos ambientales, lo que permite que aquellos que cometieron actos de ecocidio hace más de una década no enfrenten ninguna consecuencia legal.
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