Redacción: Amairany Ramírez
El rechazo al Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo obliga a la administración federal a reubicar el proyecto. Este suceso redefine el sentido del Plan Nacional de Desarrollo, demostrando que la viabilidad de los grandes proyectos ambientales ahora reside en la confianza ciudadana y la transparencia democrática.
La consulta ciudadana realizada en los municipios de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula, Hidalgo, donde el 63.10% de los participantes expresó su desacuerdo con la instalación del parque Ecológico y de Reciclaje, ha obligado al gobierno federal a reubicar el proyecto. Este suceso genera importantes implicaciones para la actual administración y sienta precedentes sobre la viabilidad de los proyectos federales.
¿Qué significa este suceso para la presidencia actual?
Para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este suceso significa la reafirmación de la convicción democrática de su administración. La presidenta declaró que “Siempre vamos a ser respetuosos de lo que opine la gente”, y reconoció el rechazo ciudadano, instruyendo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a buscar otro sitio para desarrollar el “Parque de Economía Circular”.
El Gobierno federal presentó la consulta como una ratificación de la máxima de la Cuarta Transformación: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. A pesar de que el proyecto de economía circular era considerado uno de sus principales, la decisión de reubicarlo demostró un respeto a la decisión popular.
¿Significa que ahora solo se harán proyectos si la población los aprueba?
Aunque el rechazo obligó a la reubicación del parque, el resultado no significa el cierre de puertas ni la cancelación definitiva de proyectos para la región de Hidalgo.
El legislador de Morena, Andrés Velázquez Vázquez, descartó que el rechazo al proyecto federal impida la llegada de otras iniciativas. En cambio, el resultado de la consulta indica que las autoridades deberán buscar “otras alternativas de proyectos” que sí cuenten con el respaldo de las comunidades.
El resultado de la consulta en Hidalgo deja lecciones cruciales sobre la necesidad de mejorar la forma en que se realizan las consultas a las comunidades cuando se trata de proyectos con impacto social y económico. El rechazo se atribuyó en parte a la falta de información, una menor penetración de datos y cifras, y la necesidad de un diálogo más cercano con la ciudadanía, sumado a la gran desconfianza generada por el incumplimiento histórico de las autoridades en una de las regiones más contaminadas del mundo.
¿Qué sentido tiene ahora para el Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales de desarrollo?
Bajo la óptica de lo sucedido en Hidalgo, el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales dejan de ser vistos como decretos inamovibles para convertirse en estrategias que deben someterse a la prueba de la realidad social. Si bien estos documentos siguen siendo indispensables para trazar las metas macroeconómicas y ambientales del país, la experiencia en Atitalaquia y Tula demuestra que su ejecución ya no es automática; el plan técnico ahora funciona solo como una propuesta que requiere ser legitimada por la voluntad ciudadana para materializarse en el territorio.
En un sentido más humano, la vigencia de estos planes radica en su capacidad para reconstruir la confianza antes que la infraestructura. En regiones castigadas por lo que se ha denominado un “infierno ambiental”, un plan de desarrollo no tiene sentido si ignora el historial de incumplimientos y el miedo legítimo de la población; por tanto, estos documentos deben evolucionar de ser simples listados de obras a convertirse en instrumentos de negociación transparente que prioricen la licencia social. Sin la aprobación de la comunidad, incluso los proyectos más nobles y técnicamente viables del gobierno federal están destinados a quedar en papel o ser reubicados, reafirmando que la verdadera viabilidad de un proyecto hoy en día es, ante todo, democrática.
Lo ocurrido en Hidalgo marca un antes y un después en la forma de gobernar y planificar el desarrollo del país. El rechazo al parque Ecológico y de Reciclaje no representa un fracaso de la gestión pública, sino un llamado de atención sobre la importancia de la comunicación y el respeto a la historia de las comunidades. El sentido de un Plan Nacional de Desarrollo hoy ya no es simplemente técnico, sino profundamente humano: su éxito depende de la capacidad del gobierno para transformar la desconfianza acumulada en un diálogo transparente y cercano.
Este suceso reafirma que, en una democracia moderna, la viabilidad de cualquier proyecto no se mide solo por planos o presupuestos, sino por la legitimidad que le otorgan las personas. Para la administración actual, el cumplimiento de los objetivos nacionales ahora requiere un equilibrio entre las metas de desarrollo y la voluntad popular, demostrando que escuchar a la ciudadanía es, en última instancia, lo que da un sentido real y duradero a la función pública.
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