Redacción: Guicel Garrido
Nuevos mapas detallados de la GATC y Earth Insight evidencian la superposición de proyectos industriales (hidrocarburos, minería, tala) sobre territorios ancestrales en la Amazonía y Mesoamérica, impulsando una exigencia mundial por el reconocimiento de los derechos territoriales y el financiamiento directo para los bosques tropicales indígenas.
Una nueva cartografía exhaustiva de la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC) y Earth Insight ha puesto de manifiesto la crítica superposición de proyectos industriales, incluyendo minería, tala e hidrocarburos, sobre vastos territorios ancestrales en la Amazonía y Mesoamérica. La evidencia ha impulsado una coalición internacional de comunidades nativas a exigir de manera urgente la garantía de sus derechos territoriales y el acceso directo a financiamiento para la conservación de los bosques tropicales indígenas.
El estudio, considerado el primero de su tipo a escala global, expone la presión estructural que ejerce el modelo extractivista sobre cerca de 35 millones de personas indígenas que habitan bosques tropicales en regiones críticas como la cuenca del Congo, Indonesia, Mesoamérica y la Amazonía.
Juan Carlos Jintiach Arcos, secretario ejecutivo de la GATC y miembro del pueblo Shuar ecuatoriano, destacó que los mapas validan la “evidencia comparativa” de que las amenazas no son incidentes aislados, sino un “esquema estructural que se replica en todas las latitudes tropicales”.
El informe detalla la magnitud de la crisis por región:
- Amazonía: De las 250 millones de hectáreas (Mha) pertenecientes a comunidades, la industria de hidrocarburos amenaza 31 Mha, la minería 9,8 Mha y la tala 2,4 Mha. El extractivismo afecta a los nueve países de la cuenca, aunque la presión maderera se concentra notablemente en Surinam y Guyana.
- Mesoamérica: La minería industrial amenaza 18,7 Mha de tierras indígenas, mientras que los hidrocarburos ponen en riesgo 3,7 Mha, principalmente en operaciones offshore. Además, la región lidia con presiones de narcotráfico y megaproyectos en países con gobernanza frágil.
Ante este panorama, las comunidades han consolidado un frente común para demandar cambios sustanciales. La principal exigencia se centra en el reconocimiento y la aplicación efectiva del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Jintiach Arcos señaló que el consentimiento “genuino implica soberanía para decidir qué ingresa a sus territorios”, sin manipulación por parte de gobiernos o corporaciones.
Paralelamente, Levi Sucre Romero, de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), urgió a una reforma de los mecanismos de financiamiento global. La demanda no es solo de recibir fondos, sino de adaptar los esquemas de organismos multilaterales para fortalecer la gobernanza territorial propia y crear sistemas de monitoreo que reflejen la realidad local en los bosques tropicales indígenas.
El análisis también resalta soluciones efectivas. Cita el caso de la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, donde la deforestación en áreas gestionadas por comunidades es siete veces inferior al promedio nacional. Esto evidencia que el reconocimiento de la gobernanza comunitaria tiene una correlación directa con una mejor conservación ambiental.
La creciente coordinación entre organizaciones de las principales cuencas tropicales del mundo consolida una voz unificada que, según los líderes, ya no pide inclusión, sino una alianza en igualdad de condiciones para la regeneración global.
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