Redacción: Eduardo Nolasco
El diputado Oscar Bautista Villegas propone reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para incluir la prisión preventiva en delitos ambientales graves.
El sistema de justicia en México ha puesto un tema crucial sobre la mesa: la posibilidad de que los delitos dolosos contra el ambiente ameriten prisión preventiva oficiosa. Esta propuesta, impulsada por el diputado Oscar Bautista Villegas del PVEM, busca reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para asegurar que los daños graves a la biodiversidad y a las áreas naturales protegidas no queden impunes mientras se desarrolla el juicio. La iniciativa responde a una realidad donde la fragilidad ecológica del país exige medidas mucho más severas, especialmente cuando el daño es irreparable o afecta recursos naturales estratégicos que son vitales para el equilibrio de todos.
Dentro de esta visión legislativa, se pone un foco especial en desarticular a organizaciones delictivas que lucran sistemáticamente con la destrucción de los ecosistemas. Se plantea que el Ministerio Público tenga la facultad de solicitar prisión preventiva justificada si detecta riesgos de destrucción de pruebas o intimidación a peritos y autoridades. Además, se busca sancionar con mayor rigor a quienes utilicen tecnología avanzada o estructuras corporativas para ocultar ecocidios o entorpecer la fiscalización ambiental. Esta vigilancia judicial no es arbitraria; el proyecto enfatiza que cada caso debe ser valorado individualmente por un juez de control, respetando la presunción de inocencia y los estándares internacionales de derechos humanos que México ha ratificado.
La reforma también contempla herramientas operativas inmediatas, como la modificación de los artículos 155, 167, 170 y 171 para prohibir a los imputados el acceso a zonas de extracción ilegal o áreas protegidas durante el proceso legal. Para dar certeza a estas restricciones, la ley se valdría de pruebas técnicas modernas como el monitoreo por drones e imágenes satelitales, además de los dictámenes periciales de la Profepa y la Conanp. Un punto innovador es la propuesta de embargo inmediato de bienes y cuentas bancarias vinculadas al ilícito desde la vinculación a proceso, asegurando que existan recursos reales para la reparación integral del daño ambiental y no solo promesas en papel al final de una sentencia.
Lo que se busca es que el costo de agredir a la naturaleza sea preventivo y real, evitando que los responsables de delitos ambientales graves enfrenten sus procesos en libertad cuando existe un riesgo latente de que el daño continúe. Bautista Villegas advierte que mantener el esquema actual permite que muchas agresiones ecológicas se prolonguen en el tiempo por falta de tipos penales específicos. Lograr que la protección del medio ambiente tenga el mismo peso jurídico que otros delitos graves es el paso necesario para transformar la política ambiental del país en una herramienta de defensa efectiva. El éxito de este movimiento marcará un antes y un después en la forma en que el Estado mexicano asume su responsabilidad frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
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