Redacción: Inés Arroyo
El Ministerio para la Transición Ecológica ha vuelto a someter a exposición pública la autorización para el proyecto de inyección de gas natural Marismas-3NE, en Doñana, casi diez años después de haber sido aprobado. Esta nueva fase del proyecto ha generado una fuerte respuesta de organizaciones ambientalistas que se oponen a su ejecución en uno de los ecosistemas más protegidos de Europa.
El proyecto Marismas-3NE, parte de un plan más amplio para almacenar gas subterráneo en Doñana, fue aprobado en 2016. A pesar de las objeciones sociales previas, la resolución administrativa que respaldó el proyecto sigue siendo considerada válida por el gobierno. Este sondeo es ahora nuevamente objeto de debate, ya que muchas entidades consideran que los estudios de impacto ambiental previos están desactualizados y no reflejan los avances científicos y técnicos actuales.
Más de una decena de organizaciones, entre ellas SEO/BirdLife, han presentado alegaciones, señalando que los informes utilizados para aprobar el proyecto en 2010 no toman en cuenta los avances en hidrogeología y sísmica que podrían afectar la evaluación de los riesgos para el ecosistema de Doñana.
La principal preocupación radica en el impacto que este proyecto podría tener sobre las aguas subterráneas del parque. Las organizaciones advierten que las masas de agua de La Rocina y Almonte, ya en mal estado, podrían ser contaminadas irreversiblemente, afectando tanto el ecosistema como a más de 3.300 agricultores que dependen de estas fuentes de agua.
Además, las organizaciones señalan que el proyecto es incompatible con las políticas de descarbonización del gobierno, como la Ley de Cambio Climático y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo. También cuestionan la necesidad del proyecto para garantizar la seguridad energética del país, ya que no se considera esencial para cumplir con las normativas que regulan las reservas mínimas de gas natural.
Las entidades que se oponen al proyecto han solicitado la intervención de los grupos políticos en el Congreso para que se evite la construcción del sondeo y se proteja el subsuelo de Doñana de convertirse en un almacén de combustibles fósiles. Además, piden que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana sea consultado antes de que se tome una decisión final.
La lucha por la protección de Doñana sigue siendo una prioridad para las organizaciones que defienden su conservación. En un contexto donde el cambio climático es una preocupación creciente, estas organizaciones siguen trabajando para evitar que nuevos proyectos amenacen la integridad de este valioso ecosistema.
