Redacción: Inés Arroyo
La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, presentó una iniciativa para reformar el artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México, con el fin de que se realicen consultas a pueblos originarios antes de tomar decisiones sobre el uso y abasto de agua.
Esta reforma busca garantizar que las comunidades indígenas y barrios originarios sean consultados de manera previa y libre cuando se adopten medidas que puedan afectar su acceso al agua. Urriza Arellano explicó que las concesiones otorgadas a empresas privadas han provocado una gran desigualdad en el acceso a este recurso vital, especialmente en las comunidades más vulnerables.
La diputada destacó que el abasto de agua es un derecho humano fundamental, al que México está comprometido por medio de tratados internacionales. Sin embargo, mencionó que la cuenca del Valle de México ha dejado de ser autosuficiente debido al crecimiento desmedido de la mancha urbana y la falta de planeación.
Urriza Arellano también subrayó que, en la Ciudad de México, el 18% de la población no recibe agua a diario, y el 32% no tiene suficiente agua para satisfacer sus necesidades básicas. Esto ha obligado a muchas personas a depender de pipas o la compra de agua en garrafones.
La propuesta de reforma busca asegurar que el acceso al agua no se vea condicionado por intereses privados y que se proteja el derecho de las comunidades originarias a ser consultadas sobre cualquier medida que afecte sus territorios o el acceso al agua.
Al finalizar su intervención, la legisladora enfatizó que el agua debe ser un derecho para todos, no un privilegio de unos pocos, y que las decisiones sobre su gestión deben ser inclusivas y equitativas para todos los sectores de la población.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos para su análisis.
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