Redacción Marlone Serrano
El estado de Nuevo León enfrenta una preocupante alza en los delitos contra el medio ambiente. Tan solo en los primeros cuatro meses de 2025, se han registrado 119 averiguaciones previas por este tipo de ilícitos, superando el total acumulado entre mayo de 2021 y diciembre de 2024, periodo en el que se contabilizaron 101 casos.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, los meses de marzo (57), abril (31) y febrero (22) de este año lideran el ranking histórico de denuncias, marcando un récord desde que estos delitos comenzaron a contabilizarse oficialmente en las estadísticas delictivas del fuero común.
La tendencia ascendente ha generado alarma entre autoridades, activistas y ciudadanos, quienes advierten sobre el deterioro ambiental y la impunidad en casos de contaminación, tala ilegal, mal manejo de residuos y daño a ecosistemas. En 2024, el número total de delitos ambientales fue de 37, lo que muestra un incremento drástico en los primeros meses del año en curso.
Desde la inclusión de esta categoría delictiva en mayo de 2021, se han documentado 220 casos en total. El año 2022 cerró con 13 delitos, y 2023 con 49. La evolución ha sido constante, pero lo ocurrido en 2025 representa un punto crítico que, de no atenderse, podría tener consecuencias ambientales severas para la entidad.
Organizaciones civiles han señalado la necesidad de políticas públicas más firmes, mecanismos de vigilancia efectivos y sanciones ejemplares. Este repunte coincide con los temas abordados en el Foro Ambiental: ABC por un México Sustentable, donde se discutió la urgencia de mejorar el manejo de residuos, reducir la contaminación atmosférica y fortalecer el cumplimiento de la ley en temas ambientales.
La situación en Nuevo León es reflejo de un problema nacional: la creciente presión sobre los ecosistemas y la falta de herramientas jurídicas eficaces para protegerlos. Expertos coinciden en que el momento de actuar es ahora.
