En una conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, María Luis Albores, secretaria del Medio Ambiente (Semarnat), anunció que el gobierno federal ha presentado una denuncia penal en contra de Grupo México, dirigido por Germán Larrea, debido al presunto incumplimiento de su compromiso de remediar los daños ambientales ocasionados por un derrame en el Río Sonora en 2014. La secretaria calificó este desastre como el «peor desastre ambiental en la historia metálica de México».
El incidente tuvo lugar el 6 de agosto de 2014, cuando se produjo un derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo, que posteriormente se desbordó y contaminó directamente el cauce del Río Sonora, conocido como el río Bacanuchi en su inicio y que luego cambia de nombre en Arizpe. Este cauce pertenece a la minera Buenavista del Cobre, una subsidiaria de Grupo México, y afectó gravemente a los ríos mencionados.
Albores enfatizó que el derrame no fue un accidente, y el gobierno mexicano está comprometido a defender los derechos de las comunidades y el medio ambiente en la región. Señaló que, desde el 15 de septiembre de 2014, Grupo México y la Profepa habían acordado un «Convenio para la realización de acciones con el objeto de remediar, reparar y compensar los daños ambientales, la salud pública, así como reparar los daños materiales a las personas derivados del derrame». Sin embargo, la secretaria informó que Grupo México no ha cumplido con las medidas de remediación ambiental, lo que llevó a la presentación de la denuncia penal el 17 de agosto de este año.
La funcionaria detalló que se estableció un Fideicomiso con una bolsa de 2,000 millones de pesos con el propósito de compensar los daños ambientales a la salud y las afectaciones materiales. De esta suma, solo se entregaron 1,000 millones de pesos a través de un Comité Técnico, y el informe de dicho Comité reveló que se habían gastado un total de 1,232 millones de pesos. Además, 309 millones se pagaron fuera del Fideicomiso, y 77 millones de pesos dentro del Fideicomiso fueron devueltos a Grupo México.
El resto del dinero se utilizó para una variedad de fines, incluyendo agropecuarios, unidades económicas, servicios de agua y salud, comunicación social, servicios notariales y bancarios, entre otros.
Sin embargo, a pesar de estas acciones, el diagnóstico ambiental realizado en el Río Sonora reveló que los niveles de metales exceden las normas nacionales e internacionales, particularmente en la zona donde ocurrió el derrame. Se observaron niveles elevados de mercurio y acidez en el suelo, lo que podría permitir la movilización de elementos como el aluminio. Además, la región sufre de acaparamiento de agua subterránea, una sobreexplotación de los acuíferos y contaminación en los pozos de agua potable con arsénico, hierro y fluoruros.
La secretaria concluyó su declaración asegurando que el gobierno de México continuará luchando por la justicia social y ambiental en la región del Río Sonora.
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