Organizaciones civiles entregaron más de 90,000 firmas en el Senado de México para solicitar la prohibición a nivel constitucional de la fracturación hidráulica o ‘fracking’, y especialmente el uso de agua para estas prácticas relacionadas con la extracción de hidrocarburos.
Beatriz Olivera, miembro de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), advirtió este martes en una conferencia de prensa que su mayor preocupación radica en «las grandes cantidades de agua que se utilizan para esta práctica», señalando que entre 9 y 29 millones de litros de agua se utilizan para cada pozo perforado con esta técnica.
Además, afirmó que es una práctica «sumamente riesgosa», que no solo impacta en la salud y el medio ambiente, sino que también puede provocar sismos.
Las demandas de AMCF y la organización Avaaz surgen en medio de la creación de una nueva Ley General de Aguas en el Congreso mexicano debido a un fallo judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que abrogaba el contenido legal previo.
Olivera enfatizó que las 90,000 firmas representan un llamado para que se establezca en la nueva ley de aguas y, específicamente, en su artículo 220, la prohibición del uso del agua para las actividades de fractura o estimulación hidráulica.
«Estas firmas son un llamado de toda la población que está pidiéndole a los legisladores que prohíban esta técnica de fracturación hidráulica, independientemente del color de su partido y de su ideología política», añadió.
Manuel Llano, de Cartocrítica, mencionó que otros países del mundo ya han establecido la prohibición del ‘fracking’ mediante decretos o leyes y aseguró que «México está a un paso de lograrlo».
«La fractura hidráulica afecta a las comunidades, afecta a los cultivos, afecta todo el territorio y afecta además en la atmósfera mediante emisiones de gases de efecto invernadero», explicó.
Señaló que las comunidades más afectadas por estas prácticas se encuentran en los estados mexicanos de Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila, aunque reconoció que hay personas directamente afectadas por la contaminación del agua.
Al tomar la palabra, el senador de Morena, Gabriel García, reconoció que la prohibición del ‘fracking’ debe impulsarse no solo a nivel de una ley secundaria, sino que debe elevarse a rango constitucional.
«¡Ni una gota de agua para el fracking! México atraviesa una crisis de agua y hoy más que nunca debemos protegerla», posicionó aparte Avaaz en la red social X.
La ONG ha sostenido que a lo largo de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se mantuvo una inyección constante de recursos al ‘fracking’ y tan solo en 2024 en el presupuesto económico se contemplan dos proyectos con esta técnica de extracción por 4,063 millones de pesos (unos 238 millones de dólares).
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