Redacción Marlone Serrano
Un informe publicado esta semana por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) reveló que apenas 100 grandes corporaciones empresariales son responsables de una quinta parte de los conflictos ambientales registrados a nivel mundial. Shell, Glencore, Repsol y Bayer-Monsanto figuran entre las más señaladas.
El estudio, basado en datos del Atlas Global de Justicia Ambiental (EJAtlas), documenta más de 4,300 conflictos extractivos en todo el planeta —como minas, oleoductos o represas hidroeléctricas— que han generado tensiones con comunidades locales y activistas ambientales. De las 5,500 empresas identificadas en estos conflictos, solo el 2% está involucrada en el 20% de los casos, lo que pone de manifiesto la alta concentración de daños en manos de un número reducido de actores.
La mayoría de estas corporaciones son transnacionales con sede en el norte global, pero operan principalmente en países del sur global, donde los efectos sociales y ecológicos son más graves. El informe denuncia un patrón de “apropiación de recursos y beneficios” por parte de países desarrollados, mientras que las naciones empobrecidas cargan con las consecuencias: desplazamientos forzados, pérdida de medios de vida, contaminación, y en casos extremos, violencia y asesinatos de líderes comunitarios.
Marcel Llavero-Pasquina, investigador del ICTA-UAB y autor principal del estudio, advirtió que los actuales marcos regulatorios internacionales —como los tratados de libre comercio y la falta de obligaciones vinculantes para las empresas— favorecen la impunidad corporativa. “Los compromisos voluntarios de sostenibilidad no bastan”, declaró. “Es necesario imponer regulaciones jurídicas claras que garanticen la rendición de cuentas”.
El análisis señala que los sectores más implicados en los conflictos son el energético, el minero y el hidroeléctrico, especialmente aquellos relacionados con productos de alto valor ambiental como el petróleo, el gas, minerales raros, algodón y maíz. En contraste, los conflictos por recursos de menor valor suelen estar vinculados a empresas nacionales.
El informe también cuestiona el papel de las certificaciones y las políticas de responsabilidad social empresarial, a las que califica de “tibias” e “insuficientes”, ya que muchas de las compañías más conflictivas forman parte de iniciativas como el Pacto Mundial de la ONU, sin que ello haya evitado sus malas prácticas.
Rachel Rose Jackson, de la organización Corporate Accountability, calificó el estudio como “una radiografía del fracaso de los mecanismos actuales para detener los abusos empresariales”. Por su parte, Meena Raman, de la Red del Tercer Mundo, subrayó que el sistema comercial global “es un legado del colonialismo” que perpetúa la injusticia ambiental y social.
El informe se publica en un contexto delicado: el Parlamento Europeo debate actualmente la Directiva sobre la Diligencia Debida para la Sostenibilidad de las Empresas, una legislación que podría obligar a las corporaciones a rendir cuentas por los impactos en sus cadenas globales de suministro. Sin embargo, activistas temen que las propuestas presentadas por la Comisión Europea diluyan las obligaciones empresariales en lugar de reforzarlas.
“El sistema protege a las empresas, no a nosotros”, denunció Nick Omonuk, activista ugandés opuesto al oleoducto EACOP de TotalEnergies. “Extraen recursos, pero también extraen vidas”.
