Redacción: Ximena Zarahi Moreno Luna
Aunque su creación buscó frenar delitos ecológicos, persisten rezagos en capacidades, presupuesto y coordinación institucional.
En México, las fiscalías ambientales surgieron como una respuesta urgente ante el aumento de delitos que afectan ecosistemas, territorios comunitarios y recursos naturales. Su misión es clara: investigar, sancionar y prevenir actos que van desde la tala ilegal y el tráfico de especies hasta el manejo indebido de residuos y la contaminación industrial. Sin embargo, conforme avanza la crisis climática, también crecen las dudas sobre su eficacia real.
El país cuenta con diversas instancias responsables de perseguir delitos ambientales, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y fiscalías especializadas en algunos estados. En teoría, estas instituciones forman una red robusta; en la práctica, enfrentan limitaciones profundas que obstaculizan su capacidad de acción.
Uno de los mayores retos es el déficit de recursos humanos y financieros. Muchas fiscalías carecen de personal especializado en derecho ambiental, peritaje ecológico o investigación técnica, lo cual dificulta integrar carpetas sólidas y sostenerlas ante los jueces. Sin pruebas científicas contundentes, los casos se caen o se quedan en archivo.
Otro punto crítico es la falta de coordinación interinstitucional. Los delitos ambientales suelen cruzar competencias federales, estatales y municipales. Esto provoca retrasos, duplicidad o incluso vacío operativo. Mientras una autoridad investiga, otra carece de herramientas para actuar o no cuenta con información completa. El resultado: impunidad.
A pesar de estos retos, existen avances. En algunos estados, como Jalisco, Veracruz o Chihuahua, las fiscalías ambientales han logrado asegurar predios deforestados, clausurar empresas contaminantes y detener a responsables de incendios provocados. También se ha reforzado la colaboración con comunidades y colectivos que documentan daños ambientales, aportando evidencia clave para investigaciones.
No obstante, especialistas coinciden en que su efectividad real depende de transformaciones estructurales: más presupuesto, más personal capacitado, mejor coordinación con Profepa y Conagua, y un sistema judicial que realmente comprenda la gravedad de estos delitos. Sin ello, las fiscalías seguirán trabajando por debajo de su potencial.
El surgimiento de organizaciones civiles que acompañan casos y presionan por justicia ha sido un motor importante. Las denuncias públicas, los litigios estratégicos y la visibilización mediática han generado presión social que, en algunos casos, ha obligado a las fiscalías a actuar con mayor rapidez.
En un contexto donde los delitos ambientales tienen impactos irreversibles, desde pérdida de biodiversidad hasta afectaciones directas a la salud y seguridad de comunidades, la eficacia de estas instituciones deja de ser opcional: es una urgencia nacional.
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