Apenas en julio pasado, el secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamado a la acción climática inmediata y se refirió a la situación actual como «la era de la ebullición global». Esto, debido a las consecuencias del cambio climático que han llevado a calores sin precedentes, climas extremos y desplazamiento de familias en todo el mundo. México, en particular, se encuentra entre los países más vulnerables a estos efectos debido a su ubicación geográfica y características sociales. Se estima que el 68 por ciento de su población ha sido afectada en algún momento por desastres, una cifra que coincide con los grupos en situación de pobreza.
Pese a esta vulnerabilidad, el presupuesto público asignado para abordar el cambio climático no siempre refleja la seriedad y urgencia que la situación demanda. Año tras año, se destinan millones de pesos a través del Anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para combatir el cambio climático. Durante el actual sexenio, de 2018 a 2024, el monto total asignado en términos reales ha aumentado en un 183 por ciento. Si bien este aumento en el presupuesto podría considerarse histórico, no todos los recursos se han destinado a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. En cambio, una parte sustancial se ha dirigido a proyectos prioritarios de la administración actual, como el Tren Maya, el transporte de gas natural y programas sociales que no necesariamente están vinculados a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principales responsables del calentamiento global.
En el proyecto de presupuesto (PPEF) para 2024, se asignan más de 233,000 millones de pesos a la mitigación y adaptación al cambio climático. Los programas presupuestarios que absorberán la mayor parte de estos recursos son el proyecto de Transporte Masivo de Pasajeros, con un 51 por ciento, el programa Sembrando Vida con un 15 por ciento, y el programa de servicio de transporte de gas natural con un 15 por ciento, entre otros.
Un aspecto que merece atención es la inclusión de programas presupuestales en el Anexo de cambio climático que no contribuyen significativamente a la mitigación o adaptación de los efectos del cambio climático, e incluso algunos son contrarios a los objetivos del anexo al fomentar actividades que generan emisiones de GEI en lugar de reducirlas.
Un ejemplo de ello son los programas de fomento ganadero, que recibieron recursos destinados a acciones de mitigación de cambio climático, a pesar de que la ganadería es una de las principales fuentes de emisiones de GEI en México, aportando aproximadamente el 10.3 por ciento de dichas emisiones. Mantener programas como este en el Anexo 16, donde se supone que deben enfocarse en la adaptación y mitigación del cambio climático, resulta contradictorio.
Además, se han incluido programas sociales en el presupuesto etiquetado para cambio climático que no están directamente relacionados con la mitigación o adaptación al cambio climático, como los programas de abasto social de leche en zonas rurales.
Un programa particularmente cuestionable es el del Servicio de transporte de gas natural de la CFE, que, a pesar de ser un gas fósil compuesto principalmente por metano, uno de los principales GEI, ha estado incluido en el Anexo 16 desde el año 2020. El gas natural no se considera una opción limpia o sostenible, y su uso va en contra de las recomendaciones del IPCC y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Además, se han asignado recursos del Anexo de cambio climático a programas relacionados con el Tren Maya, a pesar de que su capacidad para reducir emisiones de GEI es limitada, y su impacto ambiental puede ser negativo, según advierte el Observatorio de Deforestación Neta Cero.
Una omisión constante en el presupuesto para cambio climático tiene que ver con la perspectiva de género. A pesar de que mujeres y hombres enfrentan los efectos del cambio climático de manera diferente, los programas presupuestales del Anexo de cambio climático tienden a carecer de reglas de operación con enfoque de género. Esto significa que no se considera si estos programas beneficiarán a mujeres y hombres por igual, ni si ayudarán a cerrar las brechas de desigualdad que acentúan la vulnerabilidad de las mujeres ante el cambio climático.
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