Ante las graves afectaciones al medio ambiente causadas por la priorización de las ganancias en la industria extractiva, se insta a la necesidad de repensar las relaciones económicas con el fin de preservar los recursos naturales. Flor Chavira, defensora del territorio en Milpa Alta, subraya que la devastación medioambiental debe parar, refiriéndose a prácticas destructivas como la minería que contamina tierras con el propósito de extraer minerales para dispositivos como teléfonos móviles.
Con datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 70% de la superficie terrestre sin hielo ya ha sido alterada debido a actividades humanas. Estas actividades representan más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. En México, las consecuencias del modelo económico actual son palpables: 213 mil 774 km^2 del territorio nacional están concesionados a empresas mineras, y el 71% del país experimenta presión hídrica alta o muy alta, según investigaciones de Fundar y la UNAM, respectivamente.
El desequilibrio entre las ganancias empresariales y el bienestar medioambiental es evidente. Por ejemplo, mientras Grupo México reporta ganancias netas de hasta dos mil millones de dólares, ha sido responsable de desastres como derrames de ácido sulfúrico y contaminación de ríos, según SEMARNAT. Además, el costo humano es profundo: 31 personas murieron el año pasado en México defendiendo sus territorios, según Global Witness.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte sobre la crisis climática que amenaza la producción global y exige una transición hacia sociedades más sostenibles. Propone una economía circular como estrategia para el desarrollo sostenible y destaca que «nuestra prosperidad y bienestar dependen de la salud de nuestro planeta.»
Sin embargo, las defensoras del medio ambiente, a pesar de sus esfuerzos por conservar el patrimonio natural, enfrentan desafíos significativos. Chavira destaca la violencia de género en las comunidades y la invisibilización de las mujeres preocupadas por la salud y la alimentación familiar. La presión de las empresas inmobiliarias y extractivas, sumada a la desigualdad económica y de género, agrava la situación, como lo señala el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Chavira concluye con una firme postura, expresando que, aunque no es agresiva, se uniría a otros para resistir cualquier invasión no autorizada en su territorio. «No se trata de un pedazo de tierra, se trata de la vida en sí», declara.
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