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México no tiene entre sus prioridades el fortalecimiento y la canalización de recursos a sus áreas naturales protegidas

Redacción Daniel Lee ANCOP

Bandas de narcotraficantes siembran estupefacientes en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en el occidente de México.  

Allí también entran camiones para talar grandes árboles. Pero, el trabajo más elemental —la protección contra los incendios forestales— se encuentra muy limitado por la falta de personal y presupuesto. 

El área natural protegida fue creada en 1987, 10 años después de que el biólogo Rafael Guzmán diera a conocer que en la zona existía una planta a la que llamó Zea diploperennis, pariente silvestre del maíz.  

Esto detonó el interés científico a nivel mundial, trayendo como consecuencia la declaratoria de protección por parte del gobierno mexicano y de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la Unesco. 

Con una superficie de 139 577 hectáreas, Manantlán alberga 36 % de las especies de aves registradas en México y 26% de las de mamíferos. Además, funciona como un importante corredor biológico entre la costa y la sierra occidental del país. Sin embargo, en muchas ocasiones, la administración del área no tiene dinero ni siquiera para pagar la gasolina de los vehículos. 

Este es solo un ejemplo de cómo funcionan actualmente las 185 áreas protegidas en México. 

Aun así, sin recursos y tampoco personal, el país pretende que 30% de sus ecosistemas marinos y terrestres esté dentro de polígonos legales de protección para 2030, y está entre las naciones que impulsan un compromiso global para que se multipliquen las declaratorias de conservación en el planeta. 

Lo hacen en la 15 Conferencia de las Partes (COP15) sobre el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas, que se celebra en la ciudad canadiense de Montreal, desde el 7 de diciembre y hasta el día 19. 

Migajas presupuestarias 

México, la 16 economía más grande del mundo y la segunda de América Latina, después de Brasil, no tiene entre sus prioridades el fortalecimiento y la canalización de recursos a sus áreas naturales protegidas y prácticamente a ninguna institución relacionada con el sector ambiental. 

Según Cuentas Económicas y Ecológicas de México, informe dado a conocer en diciembre de 2021 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los costos totales por agotamiento y degradaciónambiental (CTADA) ascendieron a 4,6 % del producto interno bruto (PIB) en 2020: 0,7 % por agotamiento de recursos y 3,9 % por degradación. 

 
Los datos no sorprenden si se toma en cuenta que, de acuerdo al mismo documento, durante 2020, el gasto en protección ambiental del sector público fue de solo 0,46 % del PIB, el porcentaje más bajo en 18 años. 

El presupuesto es un reflejo del desmantelamiento económico y funcional de instituciones como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, situación que se venía padeciendo en los últimos lustros y que el actual gobierno federal no ha buscado revertir desde que llegó al poder en 2018. 

 
Así, la falta de recursos para la operación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán es apenas un reflejo de lo que ocurre en las áreas protegidas del territorio nacional, que cubren 10,94 % de la superficie terrestre del país (de 1 960 000 kilómetros cuadrados) y 22,05 % de la marina (de 3 150 000 kilómetros cuadrados). 

Luz en la calle, oscuridad en casa 

A lo largo de la historia, en lo que hace a protección ambiental, la política exterior mexicana ha buscado estar en armonía con las convenciones, los tratados y los acuerdos que se impulsan en Naciones Unidas. 

El CDB no es la excepción. En la cumbre de Montreal, según las intenciones que ha expresado, el país busca sumarse al nuevo marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020. 

FUENTE: IPS Noticias (Sitio) 

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