En respuesta a la imperiosa necesidad de proteger el patrimonio común de la humanidad, el Gobierno mexicano anunció su decisión de apoyar una moratoria en la explotación del fondo marino. Esta medida surge en medio de las crecientes crisis ambientales a nivel mundial y refleja la preocupación de México por la falta de información científica que brinde certeza respecto a los impactos ambientales de esta actividad.
En un comunicado conjunto emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se destaca que la información científica necesaria debe permitir la formulación de normas, reglamentos, procedimientos, estándares y lineamientos que aseguren la protección efectiva del medio marino contra los posibles efectos nocivos de estas actividades.
El comunicado subraya que, en caso de que haya posibilidad de iniciar actividades de explotación de los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional, se deberán establecer mecanismos adecuados de aplicación, inspección, vigilancia y cumplimiento de manera previa.
Como resultado de esta postura, México se abstendrá de patrocinar o apoyar la concesión de licencias de explotación en el Consejo de la Autoridad de los Fondos Marinos hasta que se cuente con información científica suficiente y un marco jurídico sólido y completo.
El informe enfatiza el compromiso de México, tanto a nivel nacional como internacional, de proteger y conservar el ecosistema marino debido a su papel fundamental en el equilibrio ecológico y la vida en la tierra. Además, destaca que, dada la falta de certeza sobre el impacto real de las actividades de explotación en la zona, México se une a la postura de otros países en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) que defienden la moratoria.
En el contexto de las recientes negociaciones sobre la regulación de la controvertida minería submarina, el Gobierno mexicano, como miembro del Consejo de la ISA, reitera su compromiso de proteger este ecosistema y celebra la posición de aquellos miembros del Consejo que han optado por no respaldar el inicio de la actividad extractiva hasta que exista certidumbre científica sobre sus impactos potenciales.
Hasta la fecha, al menos 23 países, incluyendo Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, España y Francia, han expresado su respaldo a una moratoria, pausa cautelar o incluso la prohibición de la minería submarina. El Reino Unido anunció su apoyo a una moratoria el pasado 30 de octubre en la apertura de la reunión del Consejo de la ISA.
Este anuncio genera una reflexión sobre el papel de la humanidad en la preservación de los fondos marinos, considerados como una de las últimas zonas vírgenes del planeta. «La humanidad se encuentra en una encrucijada. La explotación minera de los fondos marinos es una decisión que se toma una vez por generación: destruir o proteger los fondos marinos», declara Sofia Tsenikli, líder de la campaña global a favor de una moratoria del Deep Sea Conservation Coalition (DSCC).
La próxima etapa crucial es la aprobación del borrador del código regulatorio en 2025, según el cronograma de la ISA.
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