En México, la violencia contra los defensores ambientales ha sido una preocupación constante. A principios de 2023, se registraron desapariciones significativas como la de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca, subrayando la persistente amenaza contra quienes defienden el ambiente y el territorio.
Este problema se refleja en el número de defensores ambientales desaparecidos, que desde diciembre de 2006 hasta agosto de 2023 alcanza las 93 personas.
Estadísticas de Violencia
México se ha posicionado como el tercer país más letal para los defensores del ambiente y el territorio, según Global Witness. En 2021, al menos 25 defensores ambientales fueron asesinados en el país, mostrando un aumento en las agresiones contra quienes defienden los recursos naturales.
Este aumento de violencia está también relacionado con la creciente presencia militar en regiones con proyectos de infraestructura, lo que ha inhibido las actividades de protesta social.
Proyectos y Conflictos
Proyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec han exacerbado la violencia contra los defensores, con registros de homicidios y denuncias penales contra las comunidades que se oponen. Además, hay una tendencia creciente de criminalización y estigmatización de los defensores y las organizaciones que los apoyan.
Desafíos y Soluciones
Frente a esta realidad, se hace urgente implementar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca proteger a los defensores ambientales y garantizar un entorno seguro para su labor. Además, es necesario un diagnóstico amplio de las necesidades de los defensores para una política pública efectiva que involucre a las autoridades ambientales, no solo al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
México enfrenta un desafío significativo para frenar la violencia contra los defensores ambientales. La implementación efectiva de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, junto con políticas públicas inclusivas y respetuosas de los derechos ambientales y territoriales, son pasos cruciales para proteger a estos activistas esenciales para la conservación del medio ambiente.
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