Redacción: Inés Arroyo
El cambio climático ya no es solo una emergencia ambiental. Hoy representa una crisis social, un desafío legal y una amenaza directa a los derechos humanos. Las olas de calor, tormentas e inundaciones afectan cada vez a más personas, mientras la desinformación impide avanzar con rapidez en las soluciones.
Una de las voces más firmes en este tema es Elisa Morgera, relatora especial de la ONU. Esta experta propuso que se castigue como delito la desinformación sobre combustibles fósiles. También pidió prohibir la publicidad y el lobby de estas industrias. Señaló que durante décadas se han difundido mentiras para frenar las políticas climáticas, proteger intereses económicos y engañar a la población.
El problema es urgente. En Europa, una nueva ola de calor ha cobrado cientos de vidas en pocos días. En América, tormentas como Barry han causado inundaciones y pérdidas materiales. Estos eventos climáticos ya no son hechos aislados: se repiten cada vez con más fuerza y frecuencia.
También hay un impacto humano profundo. Cada año, millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares por desastres relacionados con el clima. Sin embargo, muchos no tienen estatus legal como refugiados. Se estima que hacia 2050 más de 200 millones de personas podrían estar en esa situación.
Frente a esto, el derecho internacional comienza a moverse. Algunas voces impulsan que el “ecocidio” —la destrucción masiva de la naturaleza— sea reconocido como un crimen. Países como Francia ya han prohibido la publicidad de combustibles fósiles. Además, se han iniciado juicios contra grandes empresas contaminantes. Un ejemplo es el caso Lliuya vs. RWE, que, aunque fue desechado, abrió la puerta a nuevas demandas climáticas.
El cambio climático no solo exige menos emisiones. También pide más justicia, más verdad y más protección para quienes ya están sufriendo sus consecuencias.
¿Será la justicia el camino que por fin obligue al mundo a actuar?
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