La selva húmeda del sureste mexicano ha sido testigo del derribo de unos 10 millones de árboles a manos del Tren Maya, la gran obra insignia del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunciaron activistas medioambientales tras una visita a la zona. Esta acción ha suscitado alertas y reclamos por parte de defensores del medio ambiente y expertos, quienes han catalogado la situación como un «ecocidio».
Roberto Rojo, biólogo, espeleólogo y miembro de la organización «Sélvame del Tren» en Quintana Roo, expresó su preocupación por la pérdida de una vasta extensión de una de las últimas selvas saludables de México, al ser testigo de la deforestación en Playa del Carmen, donde las maquinarias han devastado gran parte del entorno natural. El proyecto abarca más de 1.500 kilómetros de vía férrea en cinco estados: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Originalmente, las autoridades habían asegurado que el Tren Maya se desarrollaría paralelamente a la carretera, en particular en la región de Playa del Carmen, hogar de más de 1.800 kilómetros de cuevas y dos de los ríos subterráneos más grandes del planeta. Sin embargo, este plan cambió, optando por un trazado que pasa por el corazón de la selva, intensificando la deforestación.
Grupos ecologistas se manifestaron en contra de la construcción del Tramo 5 del tren, que conecta Cancún con Playa del Carmen, por su potencial impacto en cuevas, cenotes y ecosistemas locales. A pesar de sus esfuerzos, Rojo lamentó que sus voces no fueran escuchadas por el gobierno.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) señala que las selvas húmedas del sureste han perdido cerca del 49 por ciento de su extensión en décadas recientes. Esta situación se agrava aún más con la construcción del Tren Maya, que, según expertos, ha afectado también las cuevas al instalar miles de pilotes profundos para sustentar la infraestructura.
Aracely Domínguez, líder del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), señaló la falta de planificación y estudios adecuados como parte del problema. A pesar de los intentos legales para frenar la obra, en mayo, el presidente López Obrador la declaró de interés público y de seguridad nacional, lo que ha dificultado aún más la oposición al proyecto.
Ante la magnitud del daño, tanto Rojo como Domínguez piden detener las obras, aun cuando el avance sea considerable. «Es ilegal. Se tiene que dejar descansar esta selva para que se regenere», concluyó Rojo.
¿Te gustó nuestra nota? ¡Contáctanos y deja tu comentario! AQUÍ
Conoce nuestra red ANCOP Network AQUÍ
Agregar comentario