Diversas organizaciones de afectados por la explotación del uranio y en favor de la justicia ambiental instaron este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a presionar a Estados Unidos para modificar su ley de minería y prevenir «daños irreparables» a las comunidades indígenas del país.
En una audiencia del 189 Período de Sesiones organizado por la CIDH en Washington, asociaciones como el Centro de Derecho Ambiental de Nuevo México, la Asociación Comunitaria de Red Water Pond Road (Nuevo México) y la Comunidad de Preocupados de White Mesa (Utah) solicitaron cambios urgentes en la Ley General de Minería de Estados Unidos, vigente desde 1872.
La normativa actual estipula que todos los depósitos minerales valiosos en tierras estadounidenses deben estar abiertos a la exploración, lo que ha provocado denuncias de contaminación y daños ambientales en comunidades indígenas.
Carletta Tilousi, miembro de la tribu Havasupai en Arizona, denunció que la minería de uranio ha dejado cicatrices y un legado de muerte en sus comunidades, mientras que Teracita Keyanna, de la Asociación Comunitaria de Red Water Pond Road, lamentó la contaminación de aguas subterráneas y la presencia de material radioactivo.
Los afectados han sufrido problemas de salud como cáncer, retrasos en el aprendizaje y enfermedades autoinmunes debido a la exposición prolongada al uranio, obligándolos a abandonar sus comunidades tribales.
En respuesta, se propuso que la CIDH lleve el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir medidas provisionales de reparación. Además, se instó a establecer moratorias de uranio en tierras indígenas hasta que se remedien los daños, con excepciones basadas en el consentimiento libre e informado de las tribus.
A pesar de los testimonios, representantes del Gobierno estadounidense aseguraron que se está trabajando en coordinación con las comunidades indígenas y que se supervisan los programas de evaluación para regular las instalaciones de uranio.
El relator especial de la CIDH sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Javier Palummo, solicitó a los participantes que proporcionen toda la información relevante para mantener al organismo informado sobre la situación.
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