El Consejo de Europa ha aprobado una nueva Directiva de delitos ambientales que establece disposiciones para tipificar como delito casos «comparables al ecocidio». Este hito marca un cambio significativo en la forma en que se abordan los delitos contra el medioambiente en la Unión Europea.
Tradicionalmente, los casos de ecocidio terminaban en la justicia civil, con condenas que se limitaban a multas. Sin embargo, la nueva Directiva introduce la posibilidad de enjuiciar estos delitos mediante el Derecho penal, lo que podría resultar en penas más severas y una mayor disuasión para quienes infrinjan las leyes ambientales.
El proceso para llegar a esta decisión ha sido largo y complejo. Tras más de un año de trámites legislativos y votaciones en los diferentes estamentos de la Unión Europea, el Consejo de Europa finalmente aprobó el texto definitivo de la nueva Directiva el pasado 26 de marzo. Esta aprobación fue precedida por un acuerdo político histórico entre el Consejo Europeo, la Comisión y el Parlamento en noviembre de 2023, luego de que el Parlamento Europeo anunciara su apoyo a la inclusión de legislación sobre ecocidio en marzo de 2023.
La Directiva amplía el número de conductas consideradas delito ambiental de nueve a veinte, abarcando actividades como el tráfico de madera, el reciclado ilegal de componentes contaminantes de buques y las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos. Además, introduce una cláusula sobre «delitos cualificados» que se aplica cuando un delito provoca la destrucción del medio ambiente o un daño irreversible o duradero, es decir, un ecocidio.
Jojo Mehta, cofundadora y directora general de Stop Ecocidio Internacional, ha elogiado la decisión de la Unión Europea, calificándola de histórica y demostrativa de liderazgo y compasión. Mehta señaló que esta Directiva establece una «línea roja» moral y jurídica, y envía una fuerte señal de apoyo político al reconocimiento internacional del ecocidio.
Los Estados miembros ahora tienen un plazo de 24 meses para adaptar su legislación nacional a la nueva Directiva, a través del proceso de ‘transposición’, lo que garantizará una aplicación efectiva de las disposiciones penales para combatir los delitos contra el medioambiente en la Unión Europea.
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