La represión contra los defensores del medio ambiente ha experimentado un preocupante aumento en todo el mundo, incluyendo países europeos como España, según revela un informe del relator especial de Naciones Unidas sobre defensores ambientales, Michel Forst.
El documento se centra en la situación de los activistas medioambientales que practican la desobediencia civil pacífica, subrayando la gravedad de esta tendencia y su impacto en la democracia y los derechos humanos.
Forst, tras visitar varios países europeos signatarios de la Convención de Aarhus sobre el derecho a la información ambiental, destaca en su informe la «tendencia a la represión y criminalización» de las acciones pacíficas en defensa del medio ambiente.
Advierte que la emergencia medioambiental, documentada por científicos durante décadas, no puede abordarse adecuadamente si los defensores ambientales son criminalizados por dar la voz de alarma.
El relator especial identifica cuatro dimensiones en las que se manifiesta esta tendencia: los medios de comunicación y el discurso político, la legislación y la política, la aplicación de la ley y los tribunales. En respuesta, Forst hace recomendaciones a los Estados para abordar las causas profundas de la movilización ambiental y contrarrestar las narrativas que presentan a los defensores del medio ambiente como criminales.
En relación a los medios de comunicación y el discurso político, el informe aconseja la toma de medidas inmediatas para contrarrestar las narrativas desfavorables. Además, advierte a los países sobre la utilización de la desobediencia civil ecologista como pretexto para restringir el espacio cívico y las libertades fundamentales.
El relator especial insta a cumplir con las obligaciones internacionales relacionadas con la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en la respuesta a la protesta ambiental. Destaca la necesidad de cesar inmediatamente el uso de medidas diseñadas para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado contra los defensores del medio ambiente.
En el ámbito judicial, el informe subraya la importancia de garantizar que el enfoque de los tribunales a la protesta disruptiva no contribuya a la restricción del espacio cívico. El documento concluye con un llamado a la reflexión por parte de autoridades, medios de comunicación y el público sobre la esencialidad de escuchar las voces de los defensores del medio ambiente.
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